La Fiscalía y los funcionarios del Ayuntamiento de Baena acuerdan 6 meses de cárcel por el caso de "las facturas falsas"


Consideran que hubo una estafa de facturas infladas pagadas con fondos públicos pero como el proceso se ha dilatado 9 años, las penas podrían ser mínimas para los tres acusados

Salvados por la campana. O por 9 años de procedimiento judicial. El caso es que los dos funcionarios del Ayuntamiento de Baena, el secretario del ex alcalde Luis Moreno (PSOE) y un funcionario del catastro municipal, acusados de inflar facturas de un empresario para enriquecerse por medio de obras menores podrían ir solo 6 meses a la cárcel, si el magistrado del tribunal de la sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba, que hoy ha escuchado a las partes, considera el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal.

Los acusados sentados con sus letrados prestando en la sala de vistas. Fuente: LVC.
Los acusados sentados con sus letrados prestando en la sala de vistas. Fuente: LVC.

El caso se remonta a julio de 2007 cuando una funcionaria del Consistorio baenense denuncia una posible irregularidad en unos pagos a un empresario por parte de dos funcionarios. Desde entonces, el procedimiento ha estado yendo del Juzgado de Instrucción Número 1 de Baena a la Audiencia Provincial; de aquí otra vez al juzgado. Primero un procedimiento abreviado, después un jurado popular -que se ha disuelto esta mañana por la renuncia de las partes a la testifical-, así hasta 9 años que han dado un total de 13 tomos de sumario, “más altos que el que les habla”, ha dicho en la vista el abogado de la acusación particular.
Precisamente esta “dilación”, que Fiscalía y defensa consideran “indebida”, es lo que puede hacer que, a pesar de que los tres acusados han reconocido los hechos adhiriéndose a las conclusiones del Ministerio Público que ha calificado los hechos como un delito continuado de falsificación de documento mercantil y público y otro de estafa, solo se les condene a 6 meses de cárcel y al pago de poco más de 10.000 euros.
Todas las partes están de acuerdo en que entre 2005 y 2007, los con el tejemanejes de las facturas que pagaban por conceptos cuyo importe se inflaba al real, el secretario del alcalde, el otro funcionario y el empresario de la construcción pudieron embolsarse hasta más de 32.000 euros. Pero como ha pasado demasiado tiempo, ha supuesto un perjuicio el llamado “juicio paralelo” de los medios de comunicación, y además, han confesado los hechos, las atenuantes rebajarían la pena a un segundo grado de cumplimiento; de los 6 años iniciales para los funcionarios y 3 para el empresario que pedía inicialmente el fiscal, hoy las partes han llegado a un acuerdo que si el juez lo considera, podría rebajarse en 6 meses para cada uno.
El abogado de la acusación particular ha mostrado su retraso en rotundo argumentando que las demora del proceso ha sido por los continuos recursos presentados por las defensas.
Ahora debe ser el magistrado del tribunal quien determine la delictividad de los hechos y la pena a aplicar en caso de ser condenados.

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