Abogados del diablo

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Cabe que el discurso navideño del rey haya dejado indiferente a la mayoría, lo cual tal vez sea lo mejor que pueda decirse de las intervenciones de un monarca parlamentario. Los británicos cuentan sus reinados por jubileos acaso por esta razón. Una sociedad funciona cuando trata con cierto desapego a sus instituciones, señal inequívoca de que no le preocupan.

Aquí preocupan muchas cosas. La primera, Cataluña. Y así lo ha indicado don Felipe en su mensaje. La segunda, el presidente del Gobierno en funciones. Lógicamente no era esta una cuestión que el rey pudiera advertir, pero lo hizo, sin embargo, de un modo impecable, transfiriendo al Congreso la responsabilidad que le corresponde: otorgar o no la confianza a la investidura del candidato propuesto según conviniere al pueblo español. Lo cual no excluye, o más bien incluye, que el presidente pueda seguir en funciones unos meses más, que es el estado perfecto de quien carece de garantía reconocida, y por tanto posibilite la consecuente convocatoria de nuevas elecciones.

Quizá Rufián, que es más rufián que tonto, ha reparado en ello y por eso ha hecho al discurso del rey el no tan flaco favor de equipararlo a un mitin de Vox. Lo que nos obliga a considerar una doble evidencia: la templanza de don Felipe y el inefable estilo del personaje cuyo voto persigue desesperadamente Pedro Sánchez. La preocupación, efectivamente, es Cataluña, pero Pedro Sánchez forma parte integral de esa preocupación. Lo demuestra el hecho anecdótico pero significativo de que todos hablemos ahora de los abogados del Estado como si fueran abogados del diablo. Porque aparentemente se ha dejado en sus manos lo que no les compete. Siendo así que al cabo puedan ser verdaderos abogados del diablo, en cualquier caso, independientemente del intrincado dictamen que arguyan.

No obstante, el problema de fondo no está en los abogados del Estado, ni en los fiscales, ni en los jueces, ni siquiera en Iceta, Sánchez, Torra o Rufián. El problema de fondo está -y deberíamos saberlo a esta alturas- en la propia Constitución que los españoles aprobamos como marco legal y presentamos como garantía de nuestro Estado de derecho. El problema de fondo está en que la Constitución -se nos suba el tupé jurídico a dónde se nos suba- es interpretable de modos contradictorios, sin demérito del derecho, porque así lo quisieron los constituyentes, que a la postre fueron un perito industrial y un ingeniero agrónomo. No se olvide.

El gran filósofo Julián Marías, que era senador en aquel tiempo, nos lo advirtió. La disparatada división territorial en nacionalidades y regiones traería consecuencias y ninguna buena. El debate actual de Calvo y compañía es el mismo de entonces. Nacionalidad y nación son términos equivalentes. De hecho, la nacionalidad es una condición que transmite la nación y solo ella. Que la nación implica soberanía y la organización de un estado es una consecuencia directa e indiscutible del desarrollo natural de ese concepto. El problema de fondo está en que la Constitución del 78 es ferozmente discriminatoria y lleva en su seno la dinamita necesaria para su voladura.

El problema de fondo está también en que aquí, salvo Vox, nadie parece querer verlo, acogotados como estamos todos por la corrección política y la engañifa cada vez más estéril de que a los nacionalistas se les gana con dinero y no desean en realidad la independencia. Si no vemos además que Europa les está apoyando, porque tal vez el Brexit sea solo un síntoma y toda ella busque a la larga su disolución, es que estamos ciegos. El problema de fondo está en que nuestro suelo jurídico es más movedizo de lo que parece. Los malos lo saben mientras lo buenos pasamos por tontos.

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