La política como pérdida de la vocación


No puedo entender que tres jueces que se sientan en el consejo de ministros estén permitiendo, no sólo con su silencio, sino con actuaciones directas, verdaderas tropelías a los derechos fundamentales

En alguna reflexión anterior ya hacía mención a la formación jurídica de varios de los miembros del gobierno de España y, concretamente a que tres de ellos pertenecen a la carrera judicial: Fernando Grande Marlaska (interior), Margarita Robles (Defensa) y Juan Carlos Campo (Justicia), dejando sus puestos en la judicatura para dedicarse a la política.

Entiendo que toda profesión lo es por vocación y aunque algunas se pudieran llevar a cabo sin ésta, no es menos cierto que hay otras que sería imposible, o producirían graves trastornos, ejercerlas sin vocación, como pueden ser la de los sanitarios y la de juez, dada la trascendencia que el ejercicio de las mismas tienen para el ser humano y para la sociedad.

Pues parece que la vocación cede ante el poder. Bueno, más bien ante mantenerse en el cargo y en el poder.

No puedo entender que tres jueces que se sientan en el consejo de ministros estén permitiendo, no sólo con su silencio, sino con actuaciones directas, verdaderas tropelías a los derechos fundamentales consagrados en la Constitución e incluso atentando directamente contra el derecho para hacer cumplir la voluntad del líder.

Cierto es que la situación que vivimos es extremadamente complicada y que afecta a la salud de toda la humanidad, pero no lo es menos que ya llevamos más de un año con esta pandemia, y lo que queda, y, de momento, todo lo que se le ocurre a este gobierno es mantener un estado de alarma y limitar derechos fundamentales.

Es evidente que no ha sido por falta de tiempo encontrar una legislación específica para esta situación, por lo que si nos vemos, legalmente, como nos vemos o es por interés político o por incapacidad para gestionar.

De momento para combatir la expansión de virus sólo se les ocurre limitar derechos como la libre circulación o la “patada en la puerta”.

¿Cómo es posible que quienes han estado dictando sentencias, con el propósito de mantener un estado de derecho, no pongan el grito en el cielo con estas limitaciones sin más regulación? Porque, claro, lo fácil es tirar por arriba y se prohíbe de forma absoluta el desplazamiento en vez de regularlo o entrar en domicilio sin orden judicial como vulgar gobierno bolivariano.

Los ciudadanos podemos llegar a comprender que la movilidad, o más bien la excesiva movilidad, puede ser un hándicap para el control de los contagios, pero no es tan sencillo entender que un francés, alemán o británico puedan venir a España y desplazarse por ella, pero que cordobés no pueda ir a su casa de Fuengirola, Torrox o Sanlúcar.

Hemos de partir de que ya se han limitado los horarios en la restauración y el número de personas que se pueden reunir, por lo que no se puede llegar a comprender que la misma vida que hacemos en nuestra ciudad no la podamos hacer en nuestra segunda residencia. Se trata de algo tan simple como seguir exigiendo el cumplimiento de la norma o ¿simplemente es la incapacidad para hacer cumplir la ley?

Pero de qué nos vamos a extrañar, de que tres jueces no alcen la voz para que se regule en condiciones estas limitaciones de derechos fundamentales, cuando uno de ellos, el Sr. Grande Marlaska, al que ya me niego a llamar juez, no solo haya sido capaz de haber adoptado un acuerdo que era claramente atentatorio al ordenamiento jurídico (me refiero al cese del Coronel de la Guardia Civil, Sr. Pérez de los Cobos) porque un funcionario se negase a incumplir la ley y someterse al interés político del gobierno revelando secretos, y mantenerse en el cargo, y ahora cuando el Tribunal confirma la ilegalidad de dicha actuación se mantiene en su postura y sigue sin dimitir.

¿Qué pensaría el Sr. Grande Marlaska si en vez de ser ministro y ser sumiso al poder y al cargo al que se aferra, siguiese en su Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional y un político le hubiese exigido dictar una resolución injusta o que se hubiera entrado en un domicilio sin su autorización? Seguro que no lo habría aceptado y habría denunciado dicha actuación solicitando no sólo el cese o dimisión de dicho cargo público, sino abriendo diligencias previas para ser juzgado.

Pero bueno, qué vamos a pensar si quien luchaba por investigar y aplicar la ley a terroristas ahora actúa a favor de aquellos para que su gobierno cuente con los apoyos suficientes.

Es evidente que la vocación se muere con el poder y que a algunos le falta la valentía, la conciencia y el honor suficiente para reconocer el error y actuar como lo haría de no haber probado y gustado el sabor del poder.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here