El despilfarro público


Decía nuestra paisana y vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, que el dinero público no era de nadie y gran parte de nosotros, entono también el mea culpa, la criticamos por esa desafortunada expresión. Sin embargo, cada vez que veo la gestión del dinero público, estoy más convencido de que la frase fue una traición del subconsciente que refleja la realidad de lo que ocurre con el dinero de todos los españoles.

El otro día, en un viaje a una ciudad limítrofe (cuando ya se podía uno desplazar entre municipios), al entrar en la misma, vi un esplendido edificio, que antaño había sido un cuartel, con una preciosa construcción, que se encontraba abandonado y que amenazaba una clara ruina y se me vinieron a la mente edificios de nuestra ciudad que se encuentran en la misma situación, que son propiedad de una u otra administración pública.

Sin contar aquellos que se encuentran en reforma, y que la obras duran más que la del “murallón”, a todos, rápidamente, se nos presentan esplendidos edificios carentes de contenido y dedicación como pudieran ser el estadio de El Arcángel (municipal), el antiguo Palacio de Justicia (Junta de Andalucía), o la Zona Militar (Ministerio de Defensa), por poner los ejemplos más significativos, pero que según algún estudio, nada más que el Ayuntamiento tendría más de 20 inmuebles catalogados en tal situación, inmuebles que antaño no merecían ni ser inventariados.

Pero esto no es un mal local, circunscrito a Córdoba, sino que es una pandemia nacional.

De otro lado, según datos oficiales de los distintos portales de transparencia, España cuenta con un personal no funcionario que ocupa un puesto oficial de más de 73.000 personas, es decir, políticos con cargos electos o de designación por electos, de los cuales más de 67.000 son de la administración municipal, siendo 8.131 alcaldes. Además contamos con altos cargos de la administración general, organismos públicos, embajadas, Casa Real, empresas públicas, tanto a nivel estatal como autonómico por encima de las 4.300 personas. En resumen, contamos con “políticos profesionales” por encima de los 77.500, a lo que habría que añadir los asesores de éstos y los sindicalistas liberados, en los que nadie se pone de acuerdo en su número, ya que no existe ningún registro, pero que las estimaciones van desde los 100.000 a los 300.000 puestos.

De otro lado, según la Web de Moncloa, en febrero de 2020 había en España 2.595.575 empleados públicos, de los cuales el 57,76% (1.499.204), pertenecen a las comunidades autónomas, el 19,80% (513.924) al Estado, y el 22,44% (582.447) a entidades locales. Asimismo, estos empleados públicos el 56,00% (1.453.522) son funcionarios de carrera, el 22,40% (581.409) personal laboral, y el 21,60% (560.644) personal interino.

En resumen, podríamos decir que España cuenta entre 2.800.000 y 3.000.000 de servidores públicos.

No traigo estos datos por el coste económico que supone mantener dicha estructura, (que también), sino porque me parece inconcebible que con tanto personal dedicado al servicio público pueda existir falta de ideas y de aprovechamiento de los bienes públicos, so pena de que, realmente, todo ese personal este dedicado a otras cosas, mucho más burocráticas y tendentes a mantener el propio sistema y estructura que la de encontrar soluciones a problemas cotidianos.

Como expresaba ayer un compañero (y maestro) de este diario, la política de cercanía “es la política menuda”, la que de verdad importa al ciudadano de a pie.

Cierto que a todos nos preocupan los grandes problemas de la sociedad como son el paro, la salud (ahora), el terrorismo, etc.…, pero lo cierto es que lo que verdaderamente nos interesa es lo que vivimos todos los días, aquello de cuándo van a arreglar mi calle, voy a tener la licencia de mi negocio o la de mi piso, qué ocio se me va a ofrecer y qué promoción se va a dar a la ciudad y provincia para que mi negocio se beneficie, y con ello el desarrollo económico de la ciudad.

Sin embargo, cuando nos enfrentamos a situaciones como la expuesta de edificios abandonados, surgen las disputas de la propiedad para darles una utilidad, o la falta de capacidad para encontrarle destino, cuando ese bien público, como el dinero público, es de todos y no particular del Ministerio, de la Comunidad o del Ayuntamiento.

Es exigible que el bien público se cuide como debería cuidarse el dinero público, por ser de todos, y no ser unos irresponsables que acaben con la ruina del bien, tras muchos años de abandono. Se trata de encontrar una utilidad y aplicarla inmediatamente, sea mediante su adaptación, rehabilitación o derribo, pero no puede ser que se mantenga años y años abandonado para acabar como la residencia de Noriega (claro ejemplo cordobés).

Sin embargo, como con el dinero público, no pasa nada tras el abandono y ruina del bien, después de muchos años de coste, pues luego, como nuestro actual gobierno de la nación, encuentra la fácil solución de volver a meter la mano en el bolsillo del ciudadano, aumentando impuestos para mantener la mastodóntica estructura y tapar la pésima gestión de los bienes y del dinero público.

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