La ventaja del “okupa”

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Cuando se quiere regular el derecho a la propiedad y el del acceso a la vivienda, nos encontramos con dos artículos en nuestra Carta Magna que los garantizan y que, de alguna manera, podría considerarse que se limitan entre sí.

De un lado tenemos el artículo 33 que reconoce el derecho a la propiedad privada y a no ser privado de nuestros bienes y derechos, si no lo es por causa justificada de utilidad pública o interés social, y siempre conforme a lo dispuesto en las leyes y con la correspondiente indemnización.

De otro, esta garantía constitucional tiene que convivir con la prevista en el artículo 47 de la misma Constitución que formula el principio de que todos los españoles tienen el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, debiendo los poderes públicos promover las condiciones para hacer efectivo este derecho.

Además, cuando se reguló en nuestro ordenamiento jurídico la defensa del derecho de propiedad frente a las “ocupaciones ilegales”, la realidad social en la que se hizo era muy diferente a la actual. Aquellas “ocupaciones ilegales” solían provenir de una previa autorización del titular para ocupar la vivienda, si bien luego se tornaba “ilegítima”, por una u otra causa. Hoy, cuando nos referimos al “okupa” todos tenemos claro que nos referimos a aquél que, sin contar con una autorización previa del propietario, ha procedido, normalmente con violencia, al menos en la cosa, a ocupar una vivienda en contra de la voluntad de su propietario, cuando no, incluso, en perjuicio directo del mismo que se queda en la calle.

No es que no existan medios legales para “liberar” la vivienda” y “echar al “okupa””, que los hay, sino que, dada la situación social en que se reguló, como he expresado antes, es una legislación muy proteccionista en favor del ocupante, y los tribunales, ante dicha regulación, siguen también una interpretación muy restrictiva y garantista.

En nuestro Derecho nos podemos encontrar hasta con cinco vías para recuperar el bien inmueble del que el propietario es despojado, cuatro en el orden civil: el desahucio por precario, el antiguamente llamado “interdicto de recuperar la posesión”, la recuperación de la posesión por el derecho real inscrito y la más compleja acción reivindicatoria. En el orden penal también nos encontramos con el delito de usurpación de bienes inmuebles o derecho real inmobiliario, que como todo delito tiene un reflejo en el ámbito civil, que también es protegido.

A pesar de todos estos procedimientos para recuperar la posesión de un bien usurpado y ocupado ilegítimamente vemos a diario la dificultad con la que el propietario lo puede hacer, y ello, como se ha dicho más arriba, por la excesiva y anacrónica protección de determinados “okupas”.

El “okupa” se aprovecha de los procedimientos que regulan la recuperación, largos ya por sí, y mucho más del endémico problema de la lentitud de la Justicia (que da para escribir un libro).

Por ello, lo primero que se necesita, habiéndose convertido en un clamor social, es una regulación que impida que estos “okupas”, que no ostentan ningún derecho o autorización previa del propietario, puedan ser desalojados de forma inmediata, lo que es labor de nuestros políticos. Esta regulación no está reñida con la protección de aquél que sí ostenta o ha ostentado un derecho o autorización para poseer la vivienda y que, efectivamente, merece su protección legal.

Pero mientras tanto, como en tantas otras materias, quizás sean los Tribunales los que deban amparar al ciudadano que se ve privado de su derecho de propiedad, haciendo uso de lo que dispone el artículo 3 del Código Civil de interpretar las normas conforme a la realidad social en que han de ser aplicadas, y, consecuentemente, pasar a una interpretación mucho más favorable, en estas situaciones de “okupaciones ilegales”, con medidas que sí existen en nuestro ordenamiento jurídico, como son las medidas cautelares (tanto en ámbito civil como penal) reguladas en los artículos 721 y siguientes de la Ley Procesal, incluso en aquellos casos en que pueden ser adoptadas antes de formular demanda (art. 730.2), y en la ejecución provisional de las sentencias, sin que haya necesidad de esperar a la firmeza de las mismas, para lo que ha de transcurrir un largo periodo de tiempo por el colapso de nuestra Justicia.

Es momento de poner remedio a este abuso y, mientras nuestros políticos hacen su trabajo, dejándose de discusiones estériles y aportando soluciones a los problemas reales y cotidianos de los ciudadanos, volvamos a pedir a nuestros Tribunales de Justicia que hagan esa interpretación acorde a la realidad social y usen  los medios que la Ley concede para acabar con las ventajas, en fraude de ley, que tienen los “okupas” frente a los legítimos propietarios, que incluso se ven amenazados por defender su derecho.

1 Comentario

  1. Totalmente de acuerdo, un proteccionismo injusto a una causa injusta que da lugar a movimientos antiokupas que cada vez son más numerosos y con el peligro de una violencia que al final soluciona el problema.

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