La “crisis constituyente”

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Juan Rafael Toledano.

La semana pasada nos encontrábamos con las manifestaciones del ministro de justicia, Juan Carlos Campo, en la sesión de control al gobierno, en respuesta, “curiosamente”, a una pregunta de la diputada por ERC, María Carvalho, de que España vive una crisis constituyente y junto a ella un debate constituyente, no pudiéndose dejar nadie fuera.

Esta expresión vino acompañada, en la misma sesión parlamentaria, de las de la vicepresidenta Carmen Calvo que insinúo, como denunció la portavoz del partido popular, Cayetana Álvarez de Toledo, de que el PP estaba implicado en un golpe de Estado.

No son baladís esas palabras si tenemos en cuenta que en el gobierno, además del citado ministro justicia, Juan Carlos Campo, el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska y la ministra de defensa, Margarita Robles, son jueces en  excedencia y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, doctora en Derecho Constitucional y profesora de dicha materia en la Universidad de Córdoba y la también vicepresidenta y ministra para la transición ecológica y el reto democrático, Teresa Ribera, diplomada en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de Estudios Constitucionales, amén de alguno más con titulación de licenciado en derecho.

Es decir, cuando se habla de crisis y debate constituyentes, se está afirmando algo que no es una simple forma de expresarse, no se trata de expresar discrepancias entre programas de partidos políticos, sino que es una terminología jurídica que define una actitud y una voluntad de cambiar las reglas que los españoles nos dimos en 1978.

Mientras que para la vicepresidenta del gobierno la implicación de la oposición en un golpe de estado vendría dada por las críticas a la gestión del gobierno, especialmente en estos días por el apoyo a la institución de la Guardia Civil, ante los extraños ceses sufridos en su cúpula, como si precisamente la democracia no permitiese la capacidad de discrepar libremente del pensamiento de otro, pero sometiéndose, en todo momento, al imperio de la ley, siendo las urnas las que juzguen el comportamiento y gestión de unos y otros; la actuación posterior del gobierno a aquellas declaraciones en sede parlamentaria del ministro Campo han sido, nada más y nada menos, que volver a ratificar la celebración de la “mesa de diálogo” con el independentismo catalán, empeñados en un referéndum de autodeterminación, e intentar forzar la reapertura de unas diligencias penales ya archivadas en su día frente al Rey Emérito.

Ambos hechos revelan una manifiesta intención de romper la unidad de España y atacar a la Jefatura del Estado.

La Constitución, como primera Ley del Estado, nos define y establece las reglas por las que regirnos, a partir de las cuáles se desarrolla todo el entramado jurídico de leyes orgánicas, ordinarias, decretos leyes, decretos, etc. … Todos ellos sometidos a los principios constitucionales.

Estos principios constitucionales son las garantías de los españoles para mantener la forma de Estado (social y democrático de Derecho) elegido mediante unas Cortes Constituyentes y un referéndum, donde quedan recogidos los derechos fundamentales, los demás derechos y obligaciones de los ciudadanos, los principios rectores de la política social y económica, la Jefatura del Estado, la división de poderes, la indisoluble unidad de la nación española, etc. …

Nuestra Constitución nació de un gran consenso entre los partidos políticos y fue aprobada en sesión plenaria del Congreso con el voto favorable de 326 diputados de los 345 que lo componían y sólo con el voto en contra de 6 diputados. En el referéndum celebrado el 6 de diciembre de 1978, para su ratificación, obtuvo el voto favorable del 87,87% de los veinticinco millones de españoles llamados a las urnas.

La Constitución contó no sólo con el apoyo del gobierno encabezado por Adolfo Suarez, sino también con el que iba desde Manuel Fraga hasta Santiago Carrillo, así como de los sindicatos mayoritarios. Todos hicieron campaña a favor del sí.

Pues bien, precisamente por ese consenso y como medida de estabilidad y de que cualquier cambio de tan significada transcendencia en la Constitución cuente con un consenso similar, la misma Carta Magna, en su Título X regula su reforma, exigiendo diversas mayorías según sea el alcance de la reforma pretendida, pero que en el supuesto de la unidad de España (Título Preliminar) y de la Corona (Título II), exige una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras, su disolución, convocatoria de nuevas elecciones, que las nuevas Cámaras elegidas lo vuelvan a ratificar por mayoría de dos tercios de ambas y, posteriormente ser sometido a referéndum para su ratificación.

En consecuencia, si realmente el gobierno pensara que hay una crisis constitucional y que hay que abrir un debate constituyente, lo que tiene que hacer es expresar claramente cuál es ese debate y si ese debate alcanza el interés general de la nación española que sume el consenso exigido para la modificación de la Constitución, porque si no existe dicho consenso no hay una crisis constitucional, ni un debate constitucional, lo que habrá es un interés partidista en modificar la Carta Magna, de forma autoritaria, y el crear ese debate ficticiamente, moviendo las estructuras del Estado, con actuaciones, al menos, pocos claras y algo subrepticias, si que son síntomas de un golpe de estado.

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