El derecho y la libertad: el huevo o la gallina


Hace unos días, buceando por ese mundo complejo de Internet en busca de una reseña bibliográfica sobre Educación, dí con una página -a la que no daré publicidad por más que se me insista- que está gestionada por un grupo de libertarios anarquistas. No tengo nada contra los libertarios anarquistas -como se verá luego-, pero lo que más me llamó la atención es que tales “libertarios” afirmaban que una de las prerrogativas que había conseguido la Iglesia española en la Constitución de 1978 era el artículo 27, con el que se aseguraban -según su criterio- los privilegios del Franquismo.

El artículo 27 consagra el Derecho a la Educación y a la Libertad de Enseñanza.

El oxímoron, como podrán comprender, está en que un grupo llamado “libertario” esté en contra de la Libertad, sea la que sea. Dentro del citado artículo 27 se afirma: “los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. Y además: “Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de crecación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales”. ¡Toma ya! Entonces, según nuestra Constitución y ajustándose a la Ley… ¿Cualquier persona puede crear un Centro Educativo? ¿Y las familias pueden elegir formación? Estas dos afirmaciones en el articulado sean, quizás, las que no gusten a estos “libertarios”.

Libertad para todos, pero en lo que yo diga. No sea que la gente se contamine y desee cosas que no deben estar a su alcance. No sé si esta es la base del pensamiento actual del anarquismo, pero, al menos en esta página de internet, así lo daban a entender.

Es evidente que, algunas personas y algunos representantes de los poderes públicos, si pudieran, desecharían lo de la “libre elección”; fuese de lo que fuese, y así tendrían menos problemas. Por ejemplo, si nadie eligiera médico, la Administración trabajaría más cómoda; si nadie eligiera centro educativo, la Administración estaría más tranquila; etc… Pero, gracias a la Constitución, eso no es así. Ahora que pretenden reformarla (espero que remozarla), tengo fe en  que los ciudadanos seamos capaces de mantener estos derechos y libertades.

Volviendo al tema, hagamos memoria: En España, desde la Ley Moyano (Ley de Instrucción Pública, de 1857), -por cierto, un ministro progresista-, se cuidaba esta dualidad de “derecho a la educación y libertad de enseñanza”. Por aquel entonces, España rondaba el 80% de analfabetismo y, ante tamaña injusticia, se estructuraron tres tipos de centros  según la etapa educativa, cada una de las cuales era responsabilidad de una Administración: Primaria para el Ayuntamiento, Secundaria para la Provincia y la Universidad para el Estado (quedando excluida la Iglesia).

Esto fue la base para que los liberales de 1868 tomaran las riendas de la legislación educativa y, concretamente, en la Constitución que promulgaron (art. 24) se decían cosas -asómbrense- como las que siguen: “Todo español podrá fundar y mantener establecimientos de instrucción o de educación sin previa licencia, salvo la inspección de la autoridad competente por razones de higiene y moralidad”. Ese mismo año, en el Decreto de 21 de octubre se llegó a afirmar: “Sirviendo la enseñanza para propagar la verdad, cultivar la inteligencia y corregir las costumbres, es absurdo encerrarla dentro de los estrechos límites de los establecimientos públicos. Cuanto mayor sea el número de los que enseñen, mayor será también el número de las verdades que se reflejen, el de las inteligencias que se cultiven y el de las malas conciencias que se corrijan”. Y, según continua el citado Decreto, a lo que se debe tender es a la “supresión de la instrucción pública”… Nada más lejos de mi intención y de mi objetivo. Todos cabemos en este país nuestro.

Hasta el inicio del siglo XX no hubo Ministerio de Instrucción Pública. La Primera República y la Restauración no mejoraron el panorama educativo de forma significativa, a excepción de la creación de la Institución Libre de Enseñanza, gracias a los liberales  comentados y su aportación, ésta sí, fue extraordinaria.

Con el inicio del siglo XX se animó a asociaciones e instituciones a crear sus propios Centros: así las congregaciones religiosas, que habían llegado a España a finales del siglo XIX, tuvieron todo a su favor para ello: Maristas, Salesianos y Lasalianos. Pero no fueron las únicas. También nacieron instituciones que nada tenían que ver con la Iglesia: Instituciones bajo la protección del regeneracionismo novecentista, o bajo un claro matiz nacionalista, o instituciones liberales o bajo el barniz de una ideología anarquista. Y es aquí donde volvemos al principio de este artículo: hace bien poco conocí un colegio en Barcelona -concertado- que había nacido desde una conciencia anarquista y cuyo objetivo era que aquellos niños pobres de los pescadores de Barcelona, tuvieran conciencia de que son ciudadanos. La institución sigue en pie y es un colegio claramente diferenciado y diferenciador, con un proyecto educativo muy interesante: el Colegio Pere Gerves. Si visitan su web, deténganse en donde explica “la vida social”.Merece la pena.

Los anarquistas y los regeneracionistas también creyeron en la libertad de enseñanza, en otro tiempo al menos.

La Libertad de Enseñanza y el Derecho a la Educación están ligados indisolublemente, desde el principio, en nuestro ADN. En España, libertad y derecho son la base de nuestra Educación. No se podría entender la enseñanza sin libertad y sin el derecho de las familias a elegir el tipo de educación que desean. El huevo y la gallina.