Un gobierno incapaz


“Con carácter general yo echo en falta más capacidad, más agilidad en un momento dado para que los temas no terminen estando en batería durante tanto tiempo”, con esta descriptiva frase,  publicada un diario local, valoraba Isabel Ambrosio a su equipo
de gobierno en el Ayuntamiento de Córdoba.  Un grupo de personas formado por más de una veintena de profesionales, principalmente técnicos  superiores, algunos funcionarios, traídos de la Junta de Andalucía.
Ese grupo de apoyo de la alcaldesa, que en el nivel directivo y ejecutivo es prácticamente idéntico  en cantidad y seguramente no en calidad,  al que dispuso José Antonio Nieto,  lleva tres años y medio gestionado las arcas municipales más holgadas  y  saneadas que ha tenido el Ayuntamiento de Córdoba en su historia democrática.
Es, además,  el  mismo gobierno local que   ha podido, a diferencia de lo que le ocurrió a su predecesor, cubrir la tasa de reposición al 100 % por  bajas municipales  en servicios   tan necesarios para ser “más ágiles” en la gestión municipal como “las plazas de asesoramiento jurídico, gestión de recursos públicos, control y lucha contra el fraude fiscal, de subvenciones públicas… control de la asignación eficiente de los recursos públicos”. Y,  también,“las plazas relativas a la seguridad y emergencias, las necesarias en  policía local, servicios de prevención y extinción de incendios, las  plazas de asistencia directa a los usuarios de los servicios sociales, personal que realiza la gestión de prestaciones y políticas activas en materia de empleo, y también el personal de atención a los ciudadanos en los servicios públicos… Todo ello gracias a la mejora de las haciendas públicas en el período 2011-15 y a los  Presupuestos Generales del Estado aprobados por el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y otros partidos constitucionalistas.
Sin embargo, el balance de gestión  municipal de este cogobierno de PSOE-IU es que los servicios básicos para los cordobeses siguen deteriorándose a marchas forzadas: reducción de efectivos en  Policía Local y Bomberos, desatención en los servicios operativos  de
infraestructuras hasta el punto de ser incapaces de contratar,  ni el
año pasado ni el actual, vestuario o calzado para el personal de
oficio.
Especialmente grave es  la situación de  los servicios sociales
municipales,  con listas de espera de varios meses  e impotencia de
las trabajadoras sociales  por falta de recursos e incertidumbre sobre
la estabilización de plazas interinas desde hace más de 12 años.
Y en el apartado de obras el panorama es desolador, con actuaciones embarrancadas indefinidamente como el Centro de Ferias y Convenciones o que no se podrán ni iniciar en este mandato como la rehabilitación del convento de Regina, superando los cuatro años de retraso.
Visto lo visto, la primera conclusión de las afirmaciones de la actual alcaldesa,  y candidata socialista a repetir en las elecciones de mayo de 2.019, es que da la razón a  quienes desde la oposición municipal del PP,  capitaneada por José María Bellido, vienen censurando la
incapacidad de gestión del cogobierno municipal de  PSOE e IU.
En esa dinámica de  incapacidad resultan tan   insensibles  estos
gobernantes, que sin pudor alguno se siguen autodenominado el Gobierno de las personas, como para que un juez sancione al
Ayuntamiento que gobiernan  por despido nulo al discriminar a un
trabajador discapacitado.  Con el silencio cómplice de organizaciones sindicales y sociales que habrían montado en cólera si le hubiese ocurrido a un alcalde popular.
Por eso, no  es de extrañar que cuando les afloran públicamente las vergüenzas de su gestión  agiten con pundonor sus principales cortinas de humo que importan poco o nada a la mayoría de los cordobeses: la
pelea por la gestión de la Mezquita-Catedral o el cambio de nombre de calles”.

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