La hipocresía social y fiscal de la nueva economía


Bajo el mantra de la nueva economía y de la economía colaborativa se esconden nuevos modelos empresariales que están socavando los  pilares de convivencia económica y social de los países donde está asentado el Estado del Bienestar, y que tanto costaron construir.

Defender  en aras del  “mejor servicio  al cliente” determinados  sistemas de gestión empresarial es un camino peligroso para mantener los beneficios que disfrutan los ciudadanos  las sociedades occidentales: equilibrio  entre fuerzas del trabajo y capital y la paz social que esto aporta, sistemas de previsión social sostenibles, servicios públicos universales, progresividad fiscal, libre competencia, etc.

Además, son los consumidores del Estado del Bienestar  los principales “compradores” de los negocios tecnológicos, esto es los que engordan sus cuentas de explotación. Por lo que, a pesar del valor que aporte el capital tecnológico, el servicio se presta aquí y gracias al consumidor local, y, por tanto, también aquí se genera actividad con valor económico.

Que el servicio de  Taxi, por ejemplo,  necesite una mejora en la calidad que presta a los usuarios no justifica que abracemos como solución idílica un modelo de gestión que precariza la empleabilidad y, sobre todo, deslocaliza a las nuevas  grandes corporaciones que vienen a quedarse con ese mercado.   Con el impacto  negativo que eso supone para nuestro sistema fiscal y, por ende,  al sostenimiento económico del bienestar social.

Así podíamos seguir con los nuevos modelos de distribución comercial,  venta on line, alquiler de vehículos, publicidad en internet y otros servicios que se irán incrementando de forma exponencial en los próximos años.

Para luchar contra este problema  la  Comisión Europea (CE) presentó a finales del pasado año  una propuesta para que las grandes empresas de internet paguen  una “cuota justa“   de   impuestos, frente a la posición de total abuso que vienen disfrutando.

Así, mientras que en la Unión Europea  las empresas tradicionales tributan  de media un 20,9 % de impuesto de sociedades, las grandes empresas digitales pagan apenas  un 8,5%, e incluso menos  según los estudios de la propia UE. Es el “chollo” de rentabilidad de los  Google, Facebook, Amazon, Apple, Airbnb. Y de los que vengan a quedarse para sustituir unos modelos de producción por otros.

Habría que ver cuánto  gasto social o menos impuestos a PYMES y Autónomos saldría de ese 12,5 % de impuestos que se ahorran los monstruos digitales. Y lo que supondría que  esos tributos se territorializaran allá donde se generan.

Mientras tanto, esa “competencia desleal” en el coste fiscal la están sufriendo aquí  nuestros  distribuidores,minoristas, publicistas, taxistas, etc .

Una línea en la que trabaja el legislador comunitario es la llamada “Base Común Consolidada del Impuesto de Sociedades”. Esta permitiría homogeneizar criterios para establecer lo que deben pagar “las empresas, digitales o no, con beneficios superiores a 750 millones de euros y conseguir que la recaudación vaya al país donde se generan”.

Aunque quedaría pendiente que hacer con las empresas que tengan su sede fiscal en otros países con fiscalidad muy reducida.

Por eso, y en coherencia con la estrategia comunitaria resulta especialmente destacable la iniciativa del Gobierno del Partido Popular de llevar al Pacto de Toledo   la puesta en marcha de un impuesto digital a grandes empresas, para con ello atender la importante subida de pensiones incluida en los PGE en trámite parlamentario.

Creo que debemos aplaudir al Ministro Montoro cuando afirma que “Habrá que ir actualizando impuestos, no sobre el consumo, sino sobre actividades económicas que hoy no están pagando suficientes impuestos”. Este camino no será fácil pero cuanto antes se empiece menos quedará para alcanzar  la meta.

Lo mismo que pienso que los sindicatos europeos deberían redirigir su estrategia de acción sindical para luchar contra este desafío, como están haciendo los trabajadores de Amazon, en lugar de los fuegos florales que se inventan cada primero de mayo o apoyando movilizaciones separatistas, incluidos atropellos injustificables  a los hijos de  Policías y Guardias Civiles, que también son trabajadores, aunque a algunos sindicalistas de clase se le olvida.

Ante un camino globalizador tan incierto estas respuestas de nuestro gobierno  me tranquilizan. Y estaría muy bienque los grandes partidos nacionales ahonden por ese sendero tanto en Madrid, como sobre todo, en Bruselas. 

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