En columnas anteriores hemos avisado que uno de los escollos en la negociación del presupuesto 2017 entre los socios del tripartito de facto (PSOE, IU y Ganemos) que rige los destinos del Ayuntamiento es la pretendida municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Y ya anunciábamos que traería dolores de cabeza al consistorio porque los líderes podemitas y de IU prometieron una nueva empresa municipal a las trabajadoras de CLECE, donde todas iban a colocarse y beneficiarse del maná público.
Pues bien, justo en la semana donde deben aprobarse las cuentas municipales estalla la bomba. El informe técnico al que ha tenido acceso la Voz de Córdoba deja claro que la primera consecuencia de municipalizar el servicio es despedir a todas las trabajadoras actuales. Y a partir de ahí convocar, para la provisión de plazas en la empresa municipal de nueva creación, el correspondiente concurso público conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad.
Verán ustedes lo que tarda el tripartito en decirle tururú a la municipalización. Comprobarán como las bondades de la gestión pública dejarán de ser prioridad para los morados. Y pondrán al descubierto la gran mentira que había detrás de esta medida estrella: comprar votos ofreciendo un puesto de trabajo público.
Ahora tocará volver a empezar abordando los temas con seriedad y rigor frente a la demagogia populista. Salvo que sigan el camino tenebroso, que buscan algunos, de “venderle la moto” a las trabajadoras afectadas de desarrollar esa futura provisión de plazas con trajes a medidas para las candidatas.
El problema de la prestación de este servicio no está en el modelo jurídico sino en la capacidad municipal para realizar una correcta planificación, seguimiento y control de la realización de las tareas de ayuda a domicilio en régimen de contrato administrativo de prestación de servicios. De lo que nuestro munícipes deberán hablar es si los pliegos de condiciones de la contratación son adecuados, viables y cumplibles sin que el contratista tenga que recurrir a engaños o abusos en las condiciones laborales de la plantilla. Si los técnicos municipales disponen de los recursos adecuados para desarrollar sus funciones de seguimiento y control. Si el Ayuntamiento busca a un “contratista financiador” del servicio porque no está dispuesto a pagar en plazo o a una empresa cualificada que apueste por la calidad integral, incluyendo una plantilla competente, comprometida y bien retribuida no sólo económicamente sino también desde el punto de vista emocional.. Es conveniente recordar que cuando el PP entró en el gobierno municipal en 2011 se encontró facturas atrasadas de este servicio por importe superior a 8 millones de euros. Así es imposible exigir al contratista. También habrá que ver si la prioridad de los sindicatos es defender mejores condiciones de trabajo de la actual plantilla o hacer política con ella
Si nuestros concejales siguen este nuevo camino se encontraran agradables sorpresas, pudiendo comprobar como prestar un buen servicio público sería posible incluso contando con empresas cordobesas como FEPAMIC, el YATE, Valle de Ledesma, Asistencia a Mayores de 40 SCA, SATEIN,.. Hasta es posible la aparición de una empresa promovida por parte de algunas de las actuales trabajadoras. Todo ello, no sólo aseguraría un servicio público de calidad y cercano sino también supondría fortalecer la economía local y el empleo de calidad.
