Explotó la ayuda a domicilio


En columnas anteriores hemos avisado que uno de los escollos en la negociación del presupuesto 2017 entre los socios del  tripartito de facto (PSOE, IU y  Ganemos)  que rige los destinos del Ayuntamiento es  la pretendida municipalización  del servicio de ayuda a domicilio. Y ya anunciábamos que traería dolores de cabeza al consistorio porque  los líderes podemitas y de IU prometieron  una nueva empresa municipal  a las trabajadoras de CLECE, donde todas iban a colocarse y beneficiarse del maná público.

Pues bien, justo en la semana donde deben aprobarse las cuentas municipales estalla la bomba. El informe técnico al que ha tenido acceso la Voz de Córdoba deja  claro que la primera consecuencia de municipalizar el servicio es despedir a todas las trabajadoras actuales. Y a partir de ahí convocar, para la provisión de plazas en la empresa municipal de nueva creación,  el correspondiente concurso público conforme a los principios de publicidad, mérito y capacidad.

Verán ustedes lo que tarda el tripartito en decirle tururú a la municipalización. Comprobarán como las bondades de la gestión pública  dejarán de ser prioridad  para los morados. Y pondrán al descubierto la gran mentira que había detrás de esta medida estrella: comprar votos  ofreciendo un puesto de trabajo público.

Ahora tocará volver a empezar abordando los temas con seriedad y rigor frente a la demagogia populista. Salvo que sigan el camino tenebroso, que buscan algunos, de “venderle la moto” a las trabajadoras afectadas de desarrollar  esa futura provisión de plazas con trajes a medidas para las candidatas.

El problema de la prestación de este servicio no está en el modelo jurídico  sino en la capacidad municipal para realizar una correcta planificación, seguimiento y control de la realización de las tareas de ayuda a domicilio en régimen de contrato administrativo de prestación de servicios. De lo que nuestro munícipes deberán hablar es si los pliegos de condiciones de la contratación son adecuados, viables y cumplibles sin que el contratista tenga que recurrir a engaños o abusos en  las condiciones laborales de la plantilla. Si los técnicos municipales disponen de los recursos adecuados para desarrollar sus funciones de seguimiento y control. Si el Ayuntamiento busca a un “contratista  financiador” del servicio porque no está dispuesto a pagar en plazo o a una empresa cualificada que apueste por la calidad integral, incluyendo una plantilla competente, comprometida y  bien retribuida no sólo económicamente sino también desde el punto de vista  emocional.. Es conveniente recordar que cuando el PP entró en el gobierno municipal  en 2011 se encontró facturas atrasadas de este servicio por importe superior a 8 millones de euros. Así es imposible exigir al contratista.  También habrá que ver  si la prioridad de los sindicatos es defender mejores condiciones de trabajo de la actual plantilla o hacer política con ella

Si nuestros concejales siguen este nuevo  camino se encontraran agradables sorpresas, pudiendo comprobar como prestar un buen servicio público  sería posible incluso contando con  empresas cordobesas como FEPAMIC, el YATE, Valle de Ledesma, Asistencia a Mayores de 40 SCA, SATEIN,.. Hasta es posible   la aparición de una empresa promovida por parte de algunas de las actuales trabajadoras. Todo ello, no sólo aseguraría un servicio público de calidad y cercano sino también  supondría fortalecer la economía local y el empleo de calidad.

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