Acabamos de asistir a la primera gran consulta ciudadana del gobierno podemita en el Ayuntamiento de Madrid que para los promotores ha sido un “éxito sin paliativos” y para la oposición de PP y Ciudadanos una farsa más pagada con dinero público. Lo cierto es que tras una campaña con importante inversión publicitaria y logística, cuestionando sobre temas de aparente interés vecinal, apenas un 7,8% del censo madrileño ha participado en la convocatoria. ¿Puede decidirse el cambio de nombre de un parque público o la peatonalización de una Gran Vía sólo con el apoyo del 2% de los ciudadanos a quienes compete o afecta?.
Confiar en tan reducido porcentaje la decisión sobre temas que afectan a todos no podrá tildarse de muy democrático, lo diga Agamenón o su porquero. Presumir y arremeter con este tipo de instrumentos de la “nueva política” contra la voluntad popular manifestada libremente en las urnas y depositada en los diferentes ediles que conforman las Corporaciones Locales, tampoco huele a muy democrático.
Ligado a su entusiasmo por este tipo de formas de participación y por exigencia expresa de la marca local de Podemos, el gobierno de nuestra ciudad ha elevado al Consejo del Movimiento Ciudadano como exclusivo interlocutor entre Administración y vecinos en las principales cuestiones de la gestión municipal: desde la realización de obras en un barrio, los problemas de ocupación de vía pública con veladores, la viabilidad del Metrotren, el futuro de COSMOS o la administración de entes locales como el incierto órgano municipal de gestión turística IMTUR.
Este grupo de presión de donde salió el nº 1 de la candidatura de Ganemos, Rafael Blázquez, es un lobby local con claras afinidades políticas conocidas y confesas de quienes lo forman y dirigen, que se ha consolidado como el cuarto pasajero de ese viaje sin ruta ni provecho para la ciudad en que va quedando la alcaldía de Isabel Ambrosio. Movimiento totalmente legítimo que no se debe arrogar, ni el gobierno municipal otorgar, la representación exclusiva de la mayoría de los vecinos de Córdoba en cualquier asunto de interés municipal. ¿Cuantos cordobeses participan en su organización y elección de órganos de gobierno?, ¿500, 1.000, 1.500 ?. Es decir, menos del 0,5 % del censo electoral.
Y por si faltase algo, también aquí Ganemos nos ha agasajado hace unos días con una consulta popular sobre el traslado de la carrera oficial de nuestra Semana Santa.
Acudir a este tipo de herramientas puede ser útil, sobre todo para organizaciones políticas minoritarias que necesitan hacer ruido para dejarse notar. Pero no más. La mayoría social exige a sus representantes democráticos conocimiento, coherencia y capacidad para el desempeño de sus cargos, lo que conlleva su responsabilidad de decidir bien en el gobierno, bien en la oposición. Y eso requiere un feedback permanente con sus electores. El hecho de que en esa tarea den más o menos sitio a los diferentes grupos de presión con los que tienen que lidiar, forma parte de su estrategia política. Pero en todo caso, con las acciones de cada uno se retratan ante sus votantes y de eso deben tomar buena nota todos los demás.
Escudarse en la “artificiosa” participación ciudadana para no tomar ninguna decisión, para no coger nunca el toro por los cuernos, es mala táctica para quienes se definen o aspiran a definirse como líderes políticos. Y es peor aún ampararse, cuando se aproximan a decidir, en consultas impostadas que no atraen ni a los más allegados.
Frente a este perfil de políticos con complejos asamblearios sin “autoritas” en su comunidad quiero destacar el modelo opuesto representado por Abel Caballero. El socialista Alcalde de Vigo y también presidente de la FEMP defendía hace días en una cadena televisiva “la vocación de los grandes líderes históricos del PSOE de gobernar para la mayoría como su principal arma de transformación política y social”. Norma que debe aplicar en su gestión, y por eso en su paso por la alcaldía ha pasado de apenas un 29 % de voto en 2007, al 34% en 2011 y la mayoría absoluta en mayo de 2015.
Significativa fue su polémica decisión de colocar un pesquero en una rotonda en el barrio de Coia como monumento homenaje a la gente de la mar. Lo hizo en vísperas de esas últimas elecciones de 2015, gobernando en minoría, y teniendo en frente a todos los partidos políticos de la oposición y a la propia Federación Viguesa de Asociaciones de Vecinos, con movilizaciones violentas incluidas. Como se pudo apreciar meses después a la vista del resultado electoral, no se equivocó en defender un proyecto para la mayoría aunque chocase frontalmente con legítimas minorías.
Es una pena para la ciudad, o una suerte para la alternativa Popular todo sea dicho, que el PSOE local no tome buena nota de la forma de hacer las cosas de Abel Caballero, su principal referente en política municipal.
