Municipalizar la ayuda a domicilio, ¿para qué?


El Concejal de Servicios Sociales anuncia la posible municipalización  del servicio de ayuda a domicilio. Todo apunta  que en respuesta a la conflictividad que se está viviendo en CLECE, empresa contratista del servicio público municipal. Y quizás en el fondo, para atender un viejo principio de su organización política: al PCE le interesa engordar la administración con más personal bajo  cualquier excusa para propiciar clientelismo político-sindical.

Sin embargo, ese camino sería un tremendo error para la razón de ser del servicio público: el bienestar de los  ciudadanos dependientes usuarios de las prestaciones públicas.

Cualquier fórmula de municipalización provocará de forma progresiva  mayor coste público a través de tres caminos: incremento del  absentismo, selección de personal y promoción interna bajo criterios político-sindicales y mayores costes laborales unitarios por presión sindical.

Hace unos años desarrollamos  un trabajo de benchmarking sobre el modelo de costes entre dos empresas públicas con idéntico objeto y  distinto modelo de gestión: una con toda la estructura operativa propia, SADECO, y la otra con la parte operativa externalizada, EPREMASA (Diputación Provincial de Córdoba).  Comparamos, entre otros,    el servicio de tratamiento de residuos,  que en el  caso de  la primera realiza todas sus tareas  con personal de plantilla mientras que en la segunda, la empresa provincial,  sólo la parte de planificación, gestión financiera  y control de calidad es de estructura propia. El trabajo operativo se presta por contratos de servicios donde compiten las principales empresas especializadas del país. El resultado no admitía  discusión: tratar una tonelada de residuos en el Lobatón tenía un coste operativo para SADECO de  23,75 € y, sin embargo,  hacerlo EPREMASA en Montalbán le suponía apenas 17,10 €. Si pensamos en las más de 215.000 toneladas anuales de residuos que se pueden tratar en nuestra ciudad estaremos  hablando de un sobrecoste cada año de más del 38 %, es decir  1.400.000 euros más de coste  de un modelo frente al otro.

A través de este artículo, le ofrezco al Concejal de Servicios Sociales que,  en el asunto que le ocupa de la ayuda a domicilio, explore otros caminos. Lo mismo que en su momento les aconseje que hiciesen a los dos últimos alcaldes, uno de IU y otro del PP,  sin que me hiciesen mucho caso, todo sea dicho. Primero, reforzar claramente la función de control de calidad del servicio municipal, con más y mejores medios técnicos y, especialmente, tecnológicos,  para conocer al detalle las condiciones de prestación, el cumplimiento de todos los requerimientos  y la calidad percibida por los usuarios. Esto permitiría garantizar mucho mejor el cuidado de nuestros dependientes y si se producen fallos o incumplimiento corregir o penalizar al contratista de forma inmediata.  En segundo lugar, dividir el objeto del servicio  en diferentes lotes territoriales o por perfiles de usuarios. Este contrato que tiene un importe anual superior a los 12 millones de euros sólo es accesible a las grandes empresas que durante mucho tiempo han actuado más con un rol de financiadores de los ayuntamientos, por sus retrasos en pagos, que con el de empresas de servicios personales esenciales en una sociedad del bienestar. Si existiesen licitaciones por importes inferiores, por ejemplo de 2 ó 3 millones de euros/ año,  podrían acudir no sólo grandes empresas, sino también muchas pymes  y entidades sin ánimo de lucro, sobre todo locales y provinciales, con el impacto positivo que para  nuestro tejido productivo.

Pero sobre todo, si hubiese  distintas   empresas prestadoras y unos eficaces medios de control,   el servicio municipal podría comparar los parámetros de gestión para corregir y penalizar o premiar a quienes mejor prestasen el servicio al usuario, y, además,   disponer de un bagaje de información que facilitase  la mejora continua en las sucesivas  licitaciones.

Y llegados a este punto, no vendría mal  disponer en sede municipal de  capacidad técnica adecuada  para que conociendo perfectamente  los requerimientos del servicio y su modelo de costes, se puedan elaborar unos pliegos de condiciones donde se materialice la exigencia de la UE en materia de contratación pública:   “el principio de la «oferta económicamente más ventajosa» , con el que se pretende garantizar la mejor relación calidad-precio (y no el precio menor), por lo que, por ejemplo, se tienen en cuenta la calidad, así como el precio y los costes del ciclo de vida, de la obras, los bienes o los servicios de que se trate. Este criterio atribuye una mayor importancia a la calidad, a las cuestiones medioambientales y sociales y a la innovación”.

1 Comentario

  1. Buenos días,
    La verdad es que me ha gustado mucho su artículo y estoy completamente de acuerdo con él. Los servicios prestados directamente por la Administración superan ampliamente el coste, del mismo servicio, prestado por una entidad privada. En este caso, el problema lo ha detectado perfectamente: no existe un sistema de control que nos permita gestionar, controlar y asignar eficazmente los recursos que destinan las familias y la Administración para afrontar la dependencia. Nosotros, muy modestamente lo hemos intentado (www.piacontrol.com) pero las grandes empresas, los sindicatos e incluso la propia Administración prefiere seguir con el modelo actual, ya que introducir un modelo innovador supondría un importante cambio en el status quo actual y hay muchos intereses creados para que esto no suceda. Lo más seguro es que una gran empresa, seguramente extranjera (valoramos más lo foráneo que lo nacional) sea quien lo introduzca en nuestro país, pero entonces habremos perdido un tiempo preciosos en regular un servicio tan necesario. Lo dicho: enhorabuena por su artículo!!!

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