El culebrón de la disolución del Consorcio de Turismo, con la enésima situación esperpéntica vivida el pasado viernes ante la disparidad de criterio en el seno del gobierno municipal, enfrentando a tirios y troyanos de la organización técnica municipal, no puede tapar uno de los mayores fracasos de las organizaciones empresariales cordobesas en los últimos tiempos.
El alumbramiento del Consorcio en tiempos de Rosa Aguilar fue un hito en la estrategia de defensa del sector turístico como principal eje estratégico del desarrollo económico y social de la ciudad: la visión de que el ente fuese gestionado por un modelo mixto compartido entre Ayuntamiento, CECO y el Convenció Boureau una decisión valiente en una ciudad donde el lobby de lo público arrasa tantas iniciativas innovadoras y el nombramiento de Javier Campos para presidirlo en su inicio la acertada elección de un directivo y emprendedor competente y con la mochila repleta de ilusión para alcanzar el éxito. Su existencia ha sido extraordinariamente positiva para favorecer y definir la política turística local, (Hasta la Cámara de Cuentas lo reconoce en informe adelantado en exclusiva por La Voz de Córdoba) y no fusionarse a nivel provincial con el Patronato de la Diputación un error político y estratégico injustificable.
Sin embargo, el alejamiento en la anterior, ya a Dios gracias muy vieja, etapa de la patronal cordobesa de la realidad del empresariado turístico cordobés y la permisión y apoyo directo a un modelo de gestión excesivamente burocrático chocaba frontalmente con los principios de flexibilidad y competencia en el campo de los servicios que deben defender las organizaciones empresariales: me cuentan representantes del sector que con un peso presupuestario mínimo de las cantidades dedicadas a promoción turística frente a más del 90 % destinado a estructura. Gloriosa fue la felonía de la antigua CECO y la moribunda Hostecor contra la media auspiciada por el anterior concejal de Turismo, Rafael Navas, por cierto brillante compañero de Tribuna, de externalizar a la estructura del Consorcio los puntos de información turística, y sobre todo el argumento utilizado para oponerse: un servicio tan esencial como ese no podía salir del ámbito de la gestión pública directa. El argumento fue premio cum laudem a la hipocresía político-empresarial: como si el propio Consorcio en manos mayoritariamente privada por su propia configuración corporativa, el Ayuntamiento representaba menos del 50 %, no era ya la gran externalización del modelo de gestión. La consecuencia de tanto despropósito presagiaba la muerte de la criatura.
Con medidas tan desafortunadas como la citada se entenderá el desapego de los verdaderos empresarios turísticos al Consorcio, e incluso la necesidad de encontrar nuevas fórmulas de organización para la defensa de sus legítimos interés empresariales, emergiendo Córdoba APTC, liderada por empresarios activos y dinámicos, con muchas nóminas a final de mes a cuestas y más dinero invertido en crear riqueza, como Alberto Rosales y Falete San Miguel, para solucionar la orfandad del sector. Por cierto, ambos AD1 de San Telmo como quien suscribe.
La nueva etapa de CECO abierta con la Presidencia de Antonio Díaz y la progresiva recuperación de la unidad de acción empresarial podría haber conferido al antiguo modelo de la Institución Turística nuevos bríos para conseguir mejores resultados con un sistema de gestión más sostenible y coherente con los objetivos a cubrir.
Sin embargo, la consecuencia es que una gran oportunidad de colaboración público-privada, que debería haber sido referente para otras iniciativas necesarias en la gestión de servicios público inició su caída al abismo por no estar a la altura los llamados en aquel momento a defender con más ahínco los intereses empresariales en el campo de la actividad turística.
A los nuevos líderes de los empresarios cordobeses, desde la nueva CECO hasta las sectoriales HOSTECOR y AEHCO, pasando por la transversal e innovadora APTC o por la interesante apuesta de FIDES que lidera Rafa Bados, toca volver a intentarlo porque va en el ADN de su representatividad defender la participación activa de la iniciativa privada no sólo en la definición estratégica sino en la gestión operativa de la política turística municipal. Incluso a lo mejor por la propia negligencia en el proceso disolutivo del gobierno municipal actual estamos a tiempo de salvar los muebles.
Quedarse como meros “consultores” en una de las innumerables “mesacamillas participativas“ que tanto gustan a los actuales gobernantes, que los sindicatos más representativos estén en los consejos de administración de las empresas públicas de servicios mientras los representantes empresariales sean oyentes en la política turística sería bajar a la segunda B de la influencia en la toma de decisiones que nos afectan a todos, vamos para cerrar el “kiosko “.
Desde luego los empresarios del sector, entre cuyas filas aunque de forma reciente me honro militar, nunca lo entenderíamos.
