Quiero mi libertad


Esto de la terminología es alucinante. En alguna que otra ocasión he comentado como cambiando el nombre de una cosa, profesión o cargo, puede parecer que se te eleva a la categoría más alta del escalafón cuando, realmente, eres el último de la fila.

Pues esto mismo pasa con denominarse “progresista”. Parece que cuando te calificas de esta guisa eres el adalid de todo lo bueno: libertad, ecológica, feminismo, etc. …, cuando lo cierto es que estamos viendo que el gobierno que se ha autodefinido como el más progresista de la historia no hace sino recortar derechos.

Estos “progres” que toman la bandera de la libertad como los únicos que la defienden, atacan a cualquier otro pensamiento ideológico que no sea el suyo e intentan, de todas las maneras posibles, acabar con él. Si no que se lo digan a la Iglesia Católica, que podrán calificarla como quieran, no voy a entrar en ese debate, pero donde prima la libertad. Libertad para estar o no estar con ella. Libertad para creer o no creer. Es más, el católico reza y pide por quien no cree para su salvación, mientras que estos “progres” te persiguen si no estas en su onda.

En estos días vuelven los “progres” al ataque contra todo lo privado, porque, según ellos, es clasista y sólo beneficia a los “ricos” y así han decidido que hay que acabar con la sanidad y la enseñanza privada y como nuestra Constitución protege la iniciativa privada, y al gobierno le importa un pito la Constitución, la quieren atacar desde el bolsillo.

Para esta nueva cruzada contra la sanidad y enseñanza privada se fundamenta el gobierno en un estudio de la AIReF (la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, para los no avezados en siglas, que aunque con prestigio de independencia no deja de ser nombrado por el Consejo de Ministros) y en que el Estado está “boquerón” y necesita ingresar dinero sea como sea y si, además, de paso, puede atacar políticamente y aprovechar para su ideología, pues mejor.

Según este estudio de la AIReF si se quita la exención de I.V.A. a la sanidad y enseñanza privada y se pasa al tipo normal del 21% (ni siquiera a un tipo reducido del 4% o del 10%), se conseguiría recaudar anualmente unos 1.763 millones de euros por la sanidad privada y otros 1.694 millones de euros por la enseñanza. En conjunto, 3.457 millones de euros.

No obstante, también advierte la AIReF que el incremento de coste que supondría la subida del I.V.A. haría que una parte de lo que ahora es atendido por la privada tuviera que asumirlo el sector público, lo que, calcula este organismo, aumentaría los costes de la Administración en, al menos, unos 2.145 millones.

Es decir, esta medida, desde el punto de vista económico lo que permitiría es incrementar las arcas del Estado en 1.312 millones de euros. Si bien, aunque no lo diga el informe de la AIReF, también supondría la pérdida de numerosos puestos de trabajo (estamos para ello) lo que también llevaría a un mayor coste social.

En definitiva, todo esto para nada o casi nada.

Por tanto, ¿qué es lo que subyace con este globo sonda lanzado por el gobierno? Imponer su ideología de dependencia del sector público de todos, o la mayor parte de los ciudadanos. Y digo de la mayor parte porque esa “lucha de clases” que pretende defender no se acabaría, sino que se acrecentaría, ya que ante el aumento de coste, aún sería más clasista la elección de la sanidad y enseñanza privada, pues sería para los “más ricos”. Entre los que cuento, como no podría ser menos a algunos de estos miembros del gobierno, como su vicepresidente que cuando lo necesitó fue a una clínica privada y no a la pública (y eso que el sistema sanitario público español es de los mejores del mundo).

Está bien, muy bien, que el Estado facilite una sanidad y una enseñanza pública de calidad, pero ello no puede, ni debe, estar reñido con la posibilidad de que el ciudadano pueda elegir otras vías. Los médicos del sistema sanitario español son magníficos, pero cuando voy a él yo no elijo quien me atiende y creo que debo tener la oportunidad, a través de mi seguro médico privado o porque lo pago directamente, de elegir dónde y por quién quiero ser atendido.

Pero si nos vamos a la enseñanza, ya es de traca. El gobierno dice que los niños no son de los padres y que, por tanto, no tienen derecho a elegir la educación de sus hijos (todos al sistema público), puesto que los menores tienen derecho a formar su personalidad sin la influencia de sus padres.

Sin embargo sí que piensan que esos menores deben ser educados bajo los criterios del gobierno (adoctrinamiento) para que en su libertad (la formada por el gobierno) en el futuro decidan lo que quieran (bajo su dirección y formación).

¡Ah! Y por supuesto, los niños no son de los padres, pero sí somos los responsables de ellos, en todos los sentidos, hasta el punto de que respondemos civilmente de los daños que ocasionen si son menores de edad.

Pues ¿saben que les digo? Yo quiero mi libertad. Soy mayor de edad y me considero con capacidad suficiente para decidir sobre mi vida, y aún cuando quiero que existan los mejores servicios públicos, quiero tener la posibilidad de elegir, acertar o equivocarme y poder rectificar y volver a elegir, que ser una marioneta de una ideología.

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