Y de nuevo… ¡A por la concertada!


Parece que como cada cuatro años, cuando se acerca la renovación de los conciertos educativos, vuelven a sonar tambores de guerra. Después de haber soportado ataques furibundos, malintencionados y carentes de todo rigor por parte de las “mareas”, verdes y moradas, de asociaciones, sindicatos y plataformas de padres opuestos a los conciertos, y otros grupos, –siempre pertrechados de sus banderas preconstitucionales republicanas y que no soportan que a la concertada le vaya muy bien–, se ha llegado a un punto de no retorno. La enseñanza no gestionada por la Junta de Andalucía se ha plantado y va a hacer frente a la nueva agresión que se barrunta: aprovechando la bajada de la natalidad y la disminución de la población inmigrante se pretenden vaciar colegios concertados con alta demanda social y trasladar sus alumnos a los centros de la red pública que vemos cómo paulatinamente van perdiendo fuelle.
La razón de ser del concierto educativo no es otra que la financiación de centros escolares con un ideario, esto implica que se reconoce un carácter propio a los centros plasmado en su proyecto educativo. Hagamos memoria. Desde un principio se daba por hecho que la escuela concertada era subsidiaria de la pública ya que esta no podía atender sola a todos los alumnos españoles –esta fue una de las razones por las que se le dio carta de ciudadanía a la escuela concertada en 1985 con la LODE (Ley Orgánica para el Derecho a la Educación), ley de un gobierno socialista–. Más tarde, el Tribunal Supremo reconocía que la escuela concertada no era subsidiaria sino complementaria a la pública. La Constitución, en su artículo 27, ya amparaba el derecho de los padres a elegir libremente centro escolar para sus hijos así como la posibilidad de cursar la materia de Religión Católica, de obligada oferta en todos los centros. Por tanto, si existe realmente un derecho de elección de centro reconocido en nuestra Carta Magna es obvio pensar que deberán existir al menos dos opciones entre las que elegir. Precisamente la diferenciación es lo que hace crecer a la sociedad y no la parálisis y la endogamia según la cual todo lo que no sea público es sospechoso.
¿Vamos a negar la realidad palpable del ímprobo esfuerzo que están realizando los claustros por adaptarse a los nuevos retos de la sociedad digital, por implementar planes de calidad, bilingüismo, o innovación pedagógica basada en el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples o las nuevas tecnologías? Esfuerzo humano y también económico ya que con la asignación de los conciertos no se cubre, ni por asomo, la totalidad de los gastos en los colegios como calefacción, luz, agua, mantenimiento, reprografía, seguridad, etc. Si se está prestando el mismo servicio en un colegio concertado que en otro público, es decir, la educación del alumno, ¿por qué en unas se tienen más medios que en otras? ¿Existen ciudadanos de dos clases? Y cuando no existen esos medios se recurre a la aportación económica de las órdenes religiosas, fundaciones o a los donativos de particulares o instituciones.
Pero lo más grave del asunto es que una plaza escolar en la concertada le sale mucho más barata a la Administración que una en la pública: unos 3.000 en la concertada frente a los 5.700 de la pública según Escuelas Católicas. Entonces, ¿por qué se quiere ahogar a la concertada si realiza el mismo trabajo, con calidad, y además resulta mucho más económica al erario público? En comunidades autónomas como el País Vasco la concertada supera en número a la red pública… ¿acaso será porque conviene a las arcas públicas de Euskadi? En muchas otras, por ejemplo en Andalucía, se lleva a cabo una práctica de concertación de hospitales y los resultados están siendo buenos, ¿y por qué no seguir extrapolándolo a la educación? No cabe pensar otra cosa: simplemente existe un trasfondo ideológico y sectario.
Para hacerse una idea de la clara disposición de los padres hacia la escuela concertada no hay nada más que palpar el desasosiego que viven muchos de ellos durante el mes de marzo, establecido por la Junta como período de matriculación. Todo son dudas acerca de si su hijo accederá al colegio elegido o no. Por desgracia vemos cómo algunos progenitores incluso falsean datos sobre domicilios que han llegado a derivar en la contratación de detectives privados para desenmascarar a los padres que incurren en el engaño, ¡y todo por una plaza en la concertada!
Si muere la concertada se va con ella gran parte de la calidad educativa de España, y decir esto no implica que la educación pública no sea de calidad. Pero negar la otra realidad que atiende a un jugoso porcentaje de los alumnos del sistema obligatorio no es de recibo. Y más cuando es una educación altamente demandada en primera opción por padres y madres a la hora de matricular a sus hijos.
Ya tenemos otra guerra en ciernes, la enésima forma de expresar nuestra identidad cainita y dicotómica ranciamente española: ¿pública o concertada? O quizá la Junta, este próximo curso escolar, actúe como un “gran hermano” que todo lo ve y domina y no nos deje disfrutar del derecho a elección de centro amparado por la Constitución. El debate está en la calle y si hay que lanzarse a ella tengan por seguro que se hará. Está en juego no solo un derecho constitucional sino también muchos puestos de trabajo de profesores, monitores o personal de administración y servicios. Y, por desgracia, al final siempre perderán ellos, los más vulnerables, ley tras ley, gobierno tras gobierno: los alumnos.

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