Por nuestra culpa


Falló el Tribunal Constitucional. Anuló la ley del Parlamento catalán que prohibió las corridas de toros en Cataluña en 2010 por invadir competencias estatales incumpliendo las leyes 18/2013 para la Regulación de la Tauromaquia como Patrimonio Cultural y la 10/2015 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Incluso entreabre la puerta a la indemnización millonaria que presentaron en su día los afectados por una decisión contraria a sus intereses. Muy bien. Un triunfo. Pero ¿habrá toros en Cataluña? No se sabe. A buen seguro que las sensibilidades animalistas y el manoseo político impedirán ejercer su derecho y su libertad a los taurinos.
Y con todo, no es eso lo nuclear. Andamos desde hace tiempo los taurinos argumentando un hecho cultural intrínseco a nuestra sociedad. Se ofrecen argumentos y más argumentos. Se publican leyes y normativas encaminadas a la protección, a la reglamentación, a la abolición… Pero lo cierto y real es que todo este tinglado legal queda muy alejado de la verdadera raíz del problema. Desde hace tiempo, el hecho taurino ya estaba herido de muerte en Cataluña. Sobre todo la corrida de toros, por una malentendida y demagógica españolidad. Los bous al carrer no, de momento, pero también llegará, no se preocupen. Es como si todo fuera un juego que pretende focalizar el problema alejándolo lo más posible de lo fundamental. Así, lo crucial, lo verdaderamente importante no es que se puedan o no se puedan dar en el futuro toros en la Monumental de Barcelona. La cuestión fundamental es que sencillamente no hemos sabido explicar qué puede aportar la corrida de toros a nuestra sociedad, qué valores guarda dentro de sí para explicarnos.
El rito taurino inició un proceso de desculturalización, de autoexclusión cultural quedando visible y vulnerable a intereses particulares. La apariencia del puro negocio taurino ha ido poco a poco adueñándose de dichos valores para guardar la forma de un espectáculo más. Un espectáculo que sólo recurre a su verdadera defensa, la cultural, cuando se siente amenazado. Ante esta situación de abandono, las vergüenzas de lo taurino son expuestas con suma facilidad para que la interpretación de nuestra cultura la hagan nuestros detractores que, gobernados por sus intereses particulares, crean la falsa idea de que lo sensato es la erradicación de un espectáculo cruel, que la sociedad estaría mejor sin este pretendido hecho cultural.
Por ello, da exactamente lo mismo que se legisle a favor si no se procura acometer la cuestión desde su verdadera raíz. De nada vale si reducimos el problema a una lucha de partidos absurda. No hay nada más plural y democrático que un tendido de una plaza de toros donde cada espectador vale un pañuelo, un voto, donde votamos lo que vemos en libertad absoluta. Cuando votamos ¿sabemos realmente a qué intereses lo hacemos? La Ley 18/2013, de 12 de noviembre, para la regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural establece en su Artículo 3 el “deber su protección en su condición de patrimonio cultural” y los poderes públicos “garantizarán la conservación de la Tauromaquia y promoverán su enriquecimiento, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de la Constitución”, pero ¿ciertamente se está haciendo algo para solucionar este problema que es el verdadero meollo de la cuestión? De no abordarlo vendrán más Cataluñas, tendremos que hacer más leyes, recursos, normativas y seguiremos sin atajar el problema. Seguiremos chocándonos como cabras montesas en lo alto de un risco, haciendo sonar cornamentas sin explicar razones.