Ante la Ley de la Eutanasia


eutanasia

 

España, por vez primera, tendrá una ley que regule la eutanasia y el suicidio asistido. Podría haber estado ya en el mes de junio, como deseaba el Sr. Sánchez; no obstante, el COVID-19 ha obligado a posponer su tramitación final.

La eutanasia es una palabra de la antigüedad que significaba muerte dulce. Pero hoy en día, este concepto parece haber evolucionado a la intervención de la medicina encaminada a atenuar los dolores de la enfermedad y ayudar a un suicidio asistido. Es decir, movidos por la piedad, y con el consentimiento del individuo, la sociedad, con las herramientas de la ciencia y de la técnica, asiste a poner fin a una existencia.

En España, este debate se ha ido extendiendo cada vez más, según Metroscopia que ha preguntado en diversas ocasiones sobre “si un enfermo incurable tiene derecho a que se le proporcione un medicamento para poner fin a su vida sin dolor”: se pronunciaron a favor en 1988 el 50% de la población y este dato fue in crescendo siendo de un 84% en 2017 y de un 87% en 2019.

No obstante, hay quienes piensan que este debate no está teniendo lugar en toda su verdad ya que hay otros elementos a tener en cuenta: unos, que la propia ciencia puede desarrollar los cuidados paliativos que por supuesto exigen un mayor gasto social por sus elevados costes; y otros, que existen otras dimensiones de la vida humana que no están siendo tenidas en cuenta ni cultivadas como es la apertura a la transcendencia y que en la debilidad física, psíquica… se puede vivir una vida plena.

La nueva Ley quiere permitir que los enfermos terminales o personas con enfermedades graves que les impiden ser autónomas (desempeñar tareas ordinarias propias) como la tetraplejia, ictus…, puedan recibir la ayuda y los medios necesarios para dar fin a su existencia si así lo desean. Igualmente, dar una cobertura legal a los profesionales y personas que intervengan en el proceso.

Una Ley que exige un procedimiento que parte de la petición por escrito del enfermo y con un consentimiento informado. Su médico comenzaría una fase de evaluación, de consultas con otros facultativos, y luego la intervención de una comisión de evaluación y control. De ser todo conforme a la norma, el facultativo prescribirá el medicamento para que el paciente, el médico…, lo administren en el hogar o en cualquier centro sanitario público o privado. Toda esa asistencia será gratuita y los profesionales médicos podrán objetar creándose un registro de objetores de conciencia con respecto a esta cuestión.

Los defensores de la Ley de la Eutanasia se muestran disconformes porque hablamos de un proceso largo, es decir, excesiva burocracia. En cambio, están los que piensan que se abre la puerta a una cultura de la muerte; que es impropio de un Estado amparar o colaborar con el suicidio. Esto es algo más propio de estados totalitarios a los que no les importa el individuo en sí mismo.

Me identifico con el posicionamiento que nos ofrece la Declaración “Lura et Bona” sobre la Eutanasia de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe: “es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, sea feto o embrión, niño o adulto, anciano, enfermo incurable o agonizante. Nadie además puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad ni puede consentirlo explícita o implícitamente. Ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo. Se trata en efecto de una violación de la ley divina, de una ofensa a la dignidad de la persona humana, de un crimen contra la vida, de un atentado contra la humanidad”.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: “los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada” (2279). Por ello, desde aquí insto al Estado a destinar recursos para la formación de especialistas sanitarios para poder asistir y acompañar al paciente contemplando todas las dimensiones de su existencia, no solo la física. Generar, por lo tanto, equipos interdisciplinares con capacidad de movilidad para poder atender a los pacientes en sus propios hogares o centros sanitarios.

Un Estado jamás debe optar por la eutanasia porque le salga más barato permitir y financiar el suicidio antes que ayudar a una persona a llegar al final de su existencia habiéndola vivido en toda su plenitud y lejos del dolor y el sufrimiento.

Un Estado que permite la eutanasia es un Estado sin alma; un pueblo sin Dios; un pueblo sin esperanza; un pueblo sin luz; un pueblo sumergido en la oscuridad de la muerte; un pueblo sin amor, sin Caridad.

 

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