¡Que vienen con la Ley de Patrimonio!


Tampoco me hago a la idea de que convenzan a los valencianos de que la huella de carbono que genera las Fallas es insoportable

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Pedro Sánchez. /Foto: LVC

¿Alguien se imagina que un telefonazo desde Madrid decida, por ejemplo, las plantas que debe tener cada patio que se presente al concurso? Puede parecer de ciencia ficción, pero esta distopía está a la vuelta de la esquina si el Gobierno se empeña en sacar adelante el proyecto de Ley de Patrimonio que en este momento se cuece en el Ministerio de Cultura.

No somos aún capaces de calcular el futuro que se abre ante esta normativa, pero ya nos podemos ir haciendo a la idea de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez será a partir de ahora el que mande de verdad en el Casco Histórico, en los Patios, en Medina Azahara y, cómo no, en la Mezquita Catedral.

Todos los monumentos están perfectamente bien gestionados desde aquí, ya sea por el Ayuntamiento, por la Junta, por el Cabildo Catedral o por quien sea. Si en ninguna de las declaraciones Patrimonio de la Humanidad tiene cabida una voz ajena, imagínense en el Casco Histórico. Ni José María Bellido, ni Salvador Fuentes, ni María Luisa Gómez, ni Juana Pérez, ni Juan Andrés de Gracia tendrán margen de decisión alguna frente a los futuros patronatos y comisiones gestoras que ya asoman por el horizonte con su gorra de plato calada hasta las cejas.

El alcalde ha acuñado el mejor eslogan que se pude usar contra esta intromisión por las bravas en las competencias de las autonomías y de los municipios: “Córdoba se gobierna desde Córdoba y no desde Madrid”. Ninguna ciudad quiere que nadie de fuera llegue a decidir lo que siempre se ha decidido en el lugar sin problema alguno.

Las buenas palabras suelen encubrir males mayores, sobre todo las palabras suavonas. La finalidad de esta Ley de Patrimonio no es otra que hacerse con el patrimonio de la Iglesia y en el camino quedarán heridos también los ayuntamientos, porque están obcecados en meter la mano en la caja y hacerse por la fuerza con lo que no es suyo.

¿Tendrán narices de imponer el listado de tapas de las tabernas del Casco Histórico, zona que será de su competencia? ¿Tendremos que cambiar el tomate de Alcolea por el raf, que consume menos agua y es más sostenible? ¿Los restaurantes de la Judería podrán tener en su carta el flamenquín y el rabo de toro o habrá que suprimirlos porque no cumplen ninguno de los requisitos del Pacto de Milán? ¿Tendremos que comerlos clandestinamente en el exilio del Hermanos Bonillo? ¿Decidirán, también desde La Moncloa, cuándo tienen que sonar nuestras campanas? En la misma situación están nuestros hermanos de Sevilla y no los imagino muy dispuestos a dejar que desde fuera se decida cuándo tiene que voltear la Giralda y cuándo no.

Lo mismo que tampoco me hago a la idea de que convenzan a los valencianos de que la huella de carbono que genera las Fallas es insoportable y que tienen que reinventarse en algo más verde, más sostenible, porque sostenible es el término mágico de nuestros días que  decide lo que hay que permitir o lo que hay que prohibir.

Conforme pasa el tiempo veo más claras las intenciones de la futura Ley de Patrimonio. Como si de un nuevo Mendizábal se tratase, Pedro Sánchez va a arrasar con todo lo que huela a incienso para convertirlo en tristes monumentos desacralizados. Se le ve venir.

Efectivamente, los bienes de la Iglesia católica son el principal objetivo a batir en esta nueva ofensiva del Gobierno. La estrategia es controlar ‘manu militari’ los bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, pero hay unos escollos que antes tienen que salvar, porque los vascos no van a permitir que sea el Gobierno el que imponga el color del que hay que pintar el puente de Portugalete o las veces que la barcaza tiene que cruzar al día el Nervión. Del mismo modo, tampoco me hago a la idea de que en el patronato que gestione la obra de Gaudí en Barcelona, fundamentalmente en manos privadas, tenga mayoría nombrada en Madrid. Que no, que no me lo imagino.

Por esto, en los vascos y en los catalanes están nuestras esperanzas siempre y cuando no les dé Pedro Sánchez tratamiento de ciudadanos de primera y a nosotros, al resto de españoles, nos trate con la punta del pie. O ellos frenan la Ley de Patrimonio para desactivar las injerencias que ya están diseñadas en su articulados o nos tocará al resto de España pedir el mismo trato que a ellos, que van a salir de rositas, fijo.