Una responsabilidad ciudadana


La resignación del ciudadano a la postre permite que la administración le haya estado cobrando de más y sabedor de que puede volver a hacerlo

grados calor Córdoba plan
Fuentes en la Plaza de las Tendillas. /Foto: Irene Lucena

Esta semana que acaba ha estado marcada, entre otros asuntos, por el Real decreto que el Gobierno de Sánchez ha aprobado y publicado, y que permite adaptar la norma del conocido como ‘impuesto de plusvalías’ ante el carácter inconstitucional que en distintos apartados dictó el Tribunal Constitucional tanto en 2017 como hace unos meses, y que afectaba a un impuesto que ha sido una de las vías de financiación de los ayuntamientos españoles, sabedores en todos estos años de ese aspecto legal o cuando menos irregular de tal vía recaudatoria.

Pagar por el incremento del valor de un bien debido  al paso de los años – en este caso inmuebles- como medio de colaborar con el sostenimiento de los servicios públicos que el municipio aporta, y que redunda también en ese incremento de valor, en principio es algo que se presenta como justo e incluso necesario. Ese es el discurso habitual de los ayuntamientos a la hora de justificar tal impuesto. Tanto la crisis de 2008 como el desarrollo urbanístico de las ciudades, en las que el sector privado ha adquirido más peso también en la labor de dotar de servicios a los municipios, han sido determinantes para que se elevara al Tribunal Constitucional un factor clave como es el de que no siempre había ganancia aunque el Ayuntamiento -y sobre todo Hacienda- dijera lo contrario. El mercado no se mueve por baremos políticos ni decretos fiscales y cuando se intenta regular, el experimento acaba en fracaso o miseria.

maria jesus montero ministra de hacienda 1

Eso es lo que ahora con cierta prisa ha tratado de solucionar el Gobierno sanchista y adaptarlo a la jurisprudencia del TC, pero sobre todo lo que no quieren que se pierda es esa vía recaudatoria para los ayuntamientos, no tan importante en cuanto a porcentaje de presupuestos locales o PIB ni tan clara en el uso que se nos dice que se le da.

Es un tema ciertamente complicado de explicar pero sobre todo de comprender por el ciudadano de a pie, demasiado acostumbrado a pagar sin rechistar, soportando una pesada mochila de impuestos directos e indirectos y de tasas, y que acepta el sino del contribuyente que  no puede hacer nada frente a lo que ‘decidan los políticos’.

Y aquí es donde aparece uno de los mayores problemas que ha destapado este impuesto y todo el discurso elaborado a su alrededor: la resignación del ciudadano, que a la postre permite que la administración le haya estado cobrando de más y sabedor de que puede volver a hacerlo. Un gobierno que también se ha saltado la Constitución en los estados de alarma – si bien la irregularidad jurídica del impuesto es mucho anterior- ante la pasividad de los ciudadanos que ven en su representantes desmanes que a ellos, por supuesto, no se les permite.

Y aunque lo que se vaya a cobrar ahora sea constitucional, lo verdaderamente doloroso es comprobar cómo a la ciudadanía se le ha adocenado por la vía del hartazgo, de la distracción o de la impotencia que provoca comprobar que todo, a la postre, sigue igual. Algo que no ocurriría si el pueblo español fuera consciente de su soberanía, que es la base de la Constitución y de nuestra democracia.

Y no se resignara a golpe de decreto-ley.