“Judicializar” la gestión de la pandemia


O sea, los garantes de que la ley se cumpla poco o nada debe decir frente ‘a los que saben’.

Sede del TSJA en Granada. condenado
Sede del TSJA en Granada. /Foto: LVC

A medio camino entra la ironía en sus formas y la claridad en el mensaje  que le caracteriza, el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, valoró ayer la reciente decisión del TSJA de no permitir la obligatoriedad del certificado Covid para acceder a los locales de ocio nocturno que anunció el ejecutivo andaluz el pasado lunes. Habló de que “no se debe judicializar la gestión de la pandemia” y culpó al Gobierno de España de “no dotar de herramientas legales a las comunidades autónomas” para este tipo se circunstancias. Todo ello con el consabido “respeto a los jueces”.

Hay un mensaje ciertamente preocupante que también dejó Bendodo apelando a la, en su opinión, poco práctica ley general de Salud Pública en este contexto de pandemia: que debe prevalecer el criterio de los expertos frente al de los que marcan la interpretación y aplicación de la legalidad. O sea, los garantes de que la ley se cumpla poco o nada debe decir frente ‘a los que saben’.

Más allá de las lecturas que se puedan hacer de estas declaraciones, bien es cierto que en el ánimo de la administración andaluza está el de paliar el número de contagios y hacer una relativamente eficaz gestión de la pandemia. Y su trabajo, en este sentido, está siendo de los mejores en todo el territorio nacional no solo por la eficacia del SAS y la labor desde la consejerías implicadas – principalmente Salud y Familias-  sino por la política y aplicación de vacunas y el compromiso que todo el ejecutivo y la administración en general están demostrando.

Por eso resulta llamativo que se propongan medidas que no tienen el aval legal necesario, que eso se dé por hecho con una fecha determinada, que se caiga en la cuenta de ese aval un día después y que cuando el tribunal se pronuncia el pasado viernes nadie diga nada hasta 24 horas después. ¡Con la rapidez que tienen nuestros políticos a la hora de manejar el Twitter cuando les interesa! O los equipos de comunicación que trabajan para ellos.

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El 2 de agosto, cuando se anunció la medida tras la reunión del Comité de Expertos. / Foto: JA

Políticamente el asunto pintaba mal desde que VOX anunciara medidas judiciales ante lo que consideraba un atropello de derechos fundamentales. Este mismo diario acudió a un jurista que días antes daba en la misma tecla que el pronunciamiento del TSJA: afecta a la intimidad y es discriminatoria. Pero el ejecutivo andaluz solo quiere, parece ser, una opinión: la de los expertos. En un estado de Derecho, y a pesar de la pandemia.

Y no. Eso no es “judicializar” la gestión de la pandemia. Son las reglas del juego, las mismas que el ejecutivo socialcomunista sabe utilizar a su favor para pervertirlas y, como mucho nos tememos, subvertirlas poco a poco.

Por eso es mucho peor que desde los partidos de centro derecha en el Gobierno andaluz apelen al socialista Sánchez para que, de alguna forma, les haga una ley a su medida. Y ningún tribunal les ‘judicialice’ sus inefables medidas avaladas científica y políticamente.