En el gobierno, como en casa


Todas las corrientes del pensamiento económico estructuran unas ideas en torno a la gestión económica que debería de desempeñar un gobierno. Dependiendo de las bases y cimientos ideológicos y teóricos de los que se partan, se desarrollarán unas medidas u otras. Es un debate muy amplio y profundo, pues hay mucha teoría y evidencia empírica detrás de cada modelo y afirmación, pero más allá de todo eso, la historia y el sentido común han demostrado que la mejor gestión posible que se puede hacer en un gobierno es la misma que hace una familia en su casa. Esta es bien sabida por todo el mundo, podríamos resumirla así: no gastar más de lo que se ingresa, evitar un endeudamiento excesivo y procurar unos ahorros que nos aseguren un bienestar futuro.

Precisamente, esto que nos parece tan lógico, se convierte en una anomalía cuando hablamos de gestión pública. Desde los años 80 hasta hoy, solo hemos tenido un período de superávit, de 2005 a 2007, coincidiendo con la burbuja inmobiliaria. El hecho de que durante tantos años los gastos hayan superado a los ingresos, supone la necesidad de pedir recursos en préstamo para poder financiar el gasto que excede a lo que hemos sido capaces de ingresar. Esto, año tras año, acaba convirtiéndose en un gran problema, precisamente, lo que ahora estamos sufriendo. España tiene una deuda pública cercana al 100% del PIB, es decir, debemos todo lo que somos capaces de producir en un año.

Ninguna familia o empresa es capaz de sostenerse financieramente durante tantos años, incurriendo en pérdidas anuales continuamente y recurriendo a financiación externa en cada período. Lo habitual es que la empresa que hiciera eso, quebrara en los primeros años. Sin embargo, ¿cómo es que el Estado no quiebra?

La respuesta a esa pregunta, desenmascara la perversión que supone la praxis económica del Estado y de los políticos en general. Una empresa o una familia puede recibir préstamos si se cumple lo siguiente. Por un lado, que el deudor se crea capaz de poder devolver todo lo recibido, y por otro, que el acreedor esté seguro de que su deudor cuenta con los suficientes recursos o activos que le permitirán cumplir con lo pactado. En el caso de las familias, un trabajo estable y un buen salario, pueden asegurar una deuda. En el de las empresas, lo serán una buena inversión o unos activos rentables. Para el caso del Estado, la principal forma de disponer de recursos es mediante los ingresos fiscales (impuestos). La diferencia entre ambas formas de obtener fondos es que, las familias y empresas, reciben ingresos de forma voluntaria por parte de sus clientes o empleadores; si no cumplen con lo que la demanda necesita, nadie les garantizará su ingreso. Pero, el Estado no necesita servir la carencia de nadie, impone coactivamente lo que sus ciudadanos han de abonarle. Es por eso que siempre podrá contar con recursos, porque obliga de forma violenta a contribuir a su población. Este poder, que ninguna otra institución social posee, es lo que le permite poder alcanzar niveles de deuda tan altos y gestionar tan mal los recursos.

Y lo peor de todo no es eso. Una empresa o familia compromete su dinero o su trabajo; el Estado compromete el dinero de todas las familias y todas las empresas, sin preguntar, sin avisar y sin esperar el consentimiento de nadie. De unos gestores que rotan cada cuatro años y que no reciben ningún tipo de penalización por la mala gestión que puedan realizar, no se puede esperar nada bueno.

Es por eso, que la mejor gestión que puede hacerse en el gobierno, en cualquier gobierno, ya sea municipal, autonómico o estatal, es replicar aquello que la sociedad civil lleva haciendo tantos y tantos años: no gastar más de lo que se tiene y no tomar deudas inasumibles, quecomprometan el presente y, sobre todo, el futuro de aquellos que trabajan día a día y que no son preguntados por lo que hacer con el dinero que es fruto de su esfuerzo diario.

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