Los giros de Carmen Calvo sobre la Mezquita-Catedral


La exministra y exconsejera defendió en reiteradas ocasiones la titularidad eclesiástica y ahora forma parte de una comisión que afirma lo contrario

El fichaje estrella de la exministra Carmen Calvo para la comisión creada por la alcaldesa para poner en cuestión la propiedad de la Mezquita-Catedral tiene un pesado lastre acumulado a lo largo de años que le configura un pasado prácticamente incompatible con la conclusión, ya conocida, a la que tiene que llegar este órgano presidido por Federico Mayor Zaragoza y que no es otra que hacer volar por los aires la inmatriculación que hizo el Cabildo Catedral del templo en 2006.

Mihrab de la Mezquita-Catedral.
Mihrab de la Mezquita-Catedral. /Foto. LVC

Las intenciones de Isabel Ambrosio con esta comisión son meridianas desde el primer momento: sólo formarán parte de la misma quienes cuestionen la propiedad eclesiástica, se hablará de titularidad para no hacerlo de propiedad aunque sea lo mismo y, sobre todo, se insistirá en las bondades de la gestión pública, aunque sin determinar cómo será el reparto del pastel. Y todo esto bajo el amparo de Federico Mayor Zaragoza, una figura de pasado zigzagueante que el pasado jueves no titubeó a la hora de pedir el rezo compartido en el templo cordobés. Dentro de este marco de funcionamiento diseñado por la alcaldesa chirría la presencia de Carmen Calvo, que algunos interpretan como maniobra política de acercamiento de la regidora al nuevo poder orgánico de su formación para borrar de la memoria de quienes la vieron la fotografía del pasado 21 de mayo exhibiendo la papeleta de Susana Díaz.
Pese a todo esto, y sobre todo a su propio pasado, Carmen Calvo ha aceptado formar parte de la comisión, pese a un largo historial, tanto como consejera como ministra de Cultura en el que no ha dudado un ápice en reconocer a la Iglesia como legítima propietaria de la Mezquita-Catedral. Los ejemplos pueden ser numerosos a lo largo de una tan dilatada vida pública, pero destacan aquellos que forman partes de convenios, en los que la administración, con todo el rigor y seriedad posible, reconoce y firma los derechos de la otra parte. A los que se podría añadir el publicado por La Voz el pasado jueves, en el que la entonces miembro del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero se negaba a que con dinero público se compraran las vigas de la Mezquita-Catedral que se iban a subastar en Londres, ya que éstas son “una propiedad privada, que sale de un monumento que es propiedad privada, la Iglesia católica”.
En 1998, siendo consejera de Cultura en el gobierno de Manuel Chaves, Carmen Calvo firmó con la entonces ministra de Cultura, Esperanza Aguirre, un convenio de colaboración para el desarrollo en Andalucía del denominado Plan Nacional de Catedrales, en el que lógicamente estaba incluida la Mezquita-Catedral, “con pleno acuerdo del Obispado correspondiente, en el más estricto respeto a los criterios de colaboración entre los poderes públicos y la Iglesia católica, que inspiran el artículo 16 de la Constitución y el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede, sobre enseñanza y asuntos culturales, así como el Acuerdo entre el Ministerio y la Conferencia Episcopal”. Todo muy claro.
Otro ejemplo escogido al azar corresponde a octubre de 2006, curiosamente siete meses después de que la Iglesia católica hiciese uso de su derecho de inscribir la Mezquita-Catedral en el Registro de la Propiedad. En ese momento se firmó un convenio entre Carmen Calvo, como ministra de Cultura, la entonces consejera del ramo, Rosa Torres, y el obispo del momento, Juan José Asenjo. El motivo era realizar estudios de todo tipo sobre la decoración de los espacios que conforman la maqsura y el mihrab, por ser “una de las obras más destacadas por su valor histórico y mérito artístico del Patrimonio Histórico Español”. El reconocimiento de la propiedad eclesiástica del templo no se cuestiona en ningún punto del convenio; al contrario, el obispo es firmante del mismo, el Cabildo está representado en la comisión de seguimiento con el mismo número de miembros que el Ministerio y la Consejería, y además son los canónicos los encargados de convocar y organizar las reuniones de este órgano.

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