El PP dice que los tribunales son la única vía sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral


Los tribunales han rechazado las dos ocasiones en que se han intentado reclamar la supuesta titularidad pública

Después de conocer la respuesta del Gobierno central al diputado socialista por Córdoba Antonio Hurtado sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral, el portavoz municipal del Partido Popular, José María Bellido, ha pedido que “se dejen de dar titulares escandalosos y de hacer política donde sólo hay derecho, y si alguien se cree con derecho que se vaya a los tribunales”.

Puerta de San José (tribunales)
Puerta de San José de la Mezquita-Catedral. /Foto: LVC

Desde que surgió la polémica hace año sobre la titularidad del primer templo de la Diócesis, curiosamente, la judicial es la vía menos utilizada por quienes ponen en duda que la propiedad es eclesiástica. Hasta ahora, las pretensiones del entonces concejal del partido de Rafael Gómez, Carlos Baquerín, y de los exalcaldes Julio Anguita, Herminio Trigo y Manuel Pérez, en representación de 206 personas, han contado con el rechazo de los tribunales.
José María Bellido ha recordado hoy que si el Ayuntamiento no va a tomar iniciativa alguna, al no haber estado nunca el templo incluido en el inventario municipal, como ratifican informes jurídicos, ni el Gobierno central tampoco, a la vista de la respuesta dada por la Dirección General de Patrimonio y la reciente del Gobierno en respuesta a Hurtado “por qué se va a crear esta comisión”.
En opinión del portavoz del PP, esta comisión que ahora auspicia el cogobierno y para la que se anuncian expertos de proyección internacional carece de sentido cuando en el terreno jurídico no hay fundamento sólido desde el que defender la denominada titularidad pública de la Mezquita-Catedral.
En concreto, la respuesta dada desde el Ejecutivo central al diputado socialista cordobés recuerda que “el Gobierno no va a entrar a cuestionar los asientos que están bajo la salvaguarda de los tribunales, y que producen todos sus efectos, mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley Hipotecaria, tal como establece el artículo 1 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba dicha Ley”.

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