Asaja solicita que los Fondos ‘Next Generation’ prioricen inversiones históricas para los regadíos


Ignacio Fernández de Mesa reclama que el primer paso sería la finalización de la zona regable del Genil-Cabra

Regadíos en cultivos. producción Asaja
Regadíos en cultivos./Foto LVC
Regadíos en cultivos. producción Asaja
Regadíos en cultivos./Foto LVC

El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha solicitado este domingo a las administraciones competentes que utilicen los fondos europeos por el covid, conocidos como ‘Next Generation’, para solventar las demandas históricas de regadío en la provincia, tanto en la cuenca del Guadalquivir como en la del Guadiana.

En un comunicado, Fernández reclama que el primer paso sería la finalización de la zona regable del Genil-Cabra, cuya ampliación “está planificada hace años y nunca se ha realizado, alegando siempre motivos presupuestarios”.

Por tanto, “si hay voluntad política, la falta de dinero ya no es excusa”, afirma el líder provincial del sindicato agrario, quien añade que, para ello, debería reunirse de forma urgente la comisión técnica mixta del Genil-Cabra, que la componen el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, y acordar el inmediato el inicio de las gestiones necesarias para que puedan comenzar las obras.

Asimismo, de forma paralela en esta zona regable, deberían realizarse los estudios necesarios para permitir también la ampliación de la margen derecha del Canal Genil-Cabra en Puente Genil.

Junto a ello, estos fondos también son una gran oportunidad para modernizar los riegos con toma directa del Guadalquivir, que “nunca han tenido ayudas para su mejora y son básicos para el empleo y el desarrollo económico en toda la Vega del Guadalquivir”, afirma.

Asaja lleva tiempo reclamando que la gran demanda de la provincia es la necesidad de ampliar regadíos en Córdoba para garantizar un futuro a las explotaciones de la provincia. Según sus datos, Córdoba es la provincia de la Cuenca del Guadalquivir que más agua almacena (un 49,55%) y la que menos riegos tiene (solo un 16,83%).

Los datos de Asaja señalan que también Córdoba es la provincia que menos porcentaje de olivar en riego tiene en esta cuenca (solo un 14,39%), a pesar de ser la segunda en superficie de olivar, por lo que “esta situación empobrece las zonas rurales debido a la penosa situación de los cultivos de secano, que hace que sólo los riegos sean competitivos”. Por tanto, “se entiende que hay dotaciones suficientes para revertir la situación”.

En Córdoba, Asaja dice que en base a datos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se han dejado de usar desde los años 90 o no se han asignado dotaciones previstas en el Plan Hidrológico un mínimo de 228 hectómetros cúbicos, mientras que en otras provincias se han ido incrementando los regadíos desde esa fecha.

Esos 228 hectómetros procederían de las zonas regables del Guadalmellato, Guadajoz, riegos con toma directa y Genil Cabra, entre otras, y daría para poner 150.000 hectáreas de olivar en riego, lo cual supondría mucho empleo y riqueza.

Pero, además, “sigue yendo mucha agua al mar durante diferentes épocas del año, pues no se permiten bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales”, tal y como ya ha solicitado también la comunidad de regantes de Jauja, en Lucena, quienes “están viendo cómo la escasa rentabilidad de sus plantaciones de olivar en régimen de secano ubicadas en zona de mínima pluviometría está haciendo morir la economía de todo un pueblo”, señala Fernández.

También, “se ponen todo tipo de trabas a la construcción de balsas y microembalses, en muchos casos por la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las consejerías que han tenido o tienen estas competencias, que cada una actúa por su cuenta”, agrega Asaja.

En su opinión, existen limitaciones al uso de aguas regeneradas (que parecía en vías de solución, pero no acaba de resolverse) o limitaciones a nuevas concesiones de aguas subterráneas y legalizaciones de pozos, todo lo cual frena la inversión y la generación de riqueza. Además, no se soluciona el problema del tapón salino que, con 150 millones de euros estaría resuelto y se liberarían otros cerca de 100 hectómetros cúbicos.

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