CSIF duda de que la Diputación pueda asumir los gastos jurídicos del ‘caso de las oposiciones’


El sindicato, no obstante, reclama que, si finalmente se sufragan esos servicios por parte de la institución provincial, también se haga cargo de los costes de los trabajadores encausados

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, en su visita a Montoro./Foto: LVC CSIF
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, en una visita a Montoro, en una imagen de archivo./Foto: LVC
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, en su visita a Montoro./Foto: LVC CSIF
El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, en una visita a Montoro, en una imagen de archivo./Foto: LVC

CSIF ha pedido a la Diputación de Córdoba que “haga un buen uso de los fondos públicos al caber la posibilidad de que la institución provincial asuma los costes derivados de la defensa jurídica de todos los miembros del tribunal imputados en el proceso judicial derivado de la última oposición que se llevó a cabo en el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, una vez que este organismo ha expresado su negativa al considerar estos gastos como indebidos”.

Desde la plataforma sindical se ha recordado que “este caso fue archivado en noviembre de 2019 por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba al no encontrar indicios de criminalidad”.

El delegado de la Sección Sindical de CSIF Córdoba en el Consorcio, Alfonso Rosero, ha recalcado que “no entramos a evaluar la idoneidad y la legalidad de dicha medida, que sí consideramos que es inusual, entendiendo que dicha responsabilidad de fiscalización recae tanto en Intervención como en los propios órganos administrativos de la Diputación”. El sindicato recuerda que los componentes del tribunal que fueron imputados rechazaron la posibilidad de ser defendidos por los servicios jurídicos de la institución provincial y optaron por ser representados por un bufete privado.

Desde CSIF Córdoba se ha considerado que “en el caso de que la Diputación decida hacerse cargo de los gastos jurídicos ocasionados a los miembros del citado tribunal de la oposición, incluya también los costes originados a todos los trabajadores del Consorcio que fueron encausados en el proceso judicial, ya que, si no fuera así, se estaría produciendo una discriminación de facto y un agravio económico y administrativo de difícil justificación”. 

El Sector de Administración Local de CSIF ha destacado que el pago de estos servicios, si finalmente se lleva a cabo, “debe contar con la necesaria cobertura jurídica y administrativa, algo en lo que este sindicato mantiene serias dudas”.

“Sea como fuere, en CSIF estaremos vigilantes en todo momento para que la Diputación haga un uso racional y conforme a la legalidad de sus presupuestos públicos, cuya financiación en gran parte viene sustentada por los impuestos abonados por los ciudadanos”, ha concluido Rosero.