“Ya sólo queda hacer efectiva la indemnización”


Según transmite Francisco Adame, quien ha encabezado las acciones en contra de la vaquería por ser afectado directo, desde la familia no se comparte "plenamente" la sentencia del TSJA

Vaquería de Fuente Palmera, en una imagen de archivo./Foto: LVC
Vaquería de Fuente Palmera, en una imagen de archivo./Foto: LVC
Vaquería de Fuente Palmera, en una imagen de archivo./Foto: LVC
Vaquería de Fuente Palmera, en una imagen de archivo./Foto: LVC

La familia afectada por la vaquería del municipio cordobés de Fuente Palmera, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desde julio de 2009 y con una lucha continúa desde 1992 al denunciar la inexistencia de licencia y sufrir los perjuicios de dicha instalación, destaca que “ya solo queda que se haga efectiva la indemnización y pedir responsabilidades” tras la reciente sentencia del TSJA que confirma la condena al Consistorio, pero reduce las indemnizaciones.

Según transmite Francisco Adame, quien ha encabezado las acciones en contra de la vaquería por ser afectado directo, desde la familia no se comparte “plenamente” la citada sentencia en base al recurso presentado por el Ayuntamiento de Fuente Palmera, que ha tenido amparo parcialmente, y que puede ser recurrida por ambas partes ante el Tribunal Supremo (TS), aunque anuncia que por su parte “no será así”.

Al respecto, dice que duda que “lo haga el Consistorio, pero es posible aunque no importen los costes judiciales”, de manera que “si fuera así, habría que pensar en muchas cosas”, si bien comenta que ahora no entra a analizar a tal efecto.

No obstante, admite que se encuentra “contento por una parte y por otra, lógicamente, discrepante, como es normal”. Así, expone que “los motivos de satisfacción es que se prueba que en el período que estuvo funcionando la vaquería fue a causa del beneplácito de los gestores en cada momento, es decir, los cuatro alcaldes del Ayuntamiento desde 1992 hasta su cierre”, así como “del propietario de las instalaciones ilegales”.

En este sentido, Adame apunta que “la sentencia estima una indemnización de 90.000 euros”, al tiempo que resalta que “ahora sí hay una entrada digna al pueblo con mejor imagen”, de ahí que agradezca el reconocimiento de quienes le han apoyado.

Además, apostilla que “hay una prueba evidente que es que hay unos responsables por ello”, de manera que insta a “pedir a los políticos que pidan responsabilidades a los causantes del hecho” y “de esta forma las arcas municipales pueden recuperar lo que tienen que pagar”. Por tanto, considera que “es el momento de depurar responsabilidades a los gestores” y que no se le vea a él “como un delincuente, sino a los que causaron el problema en cada momento”.

De hecho, remarca que “la sentencia dice claramente que la potestad de cierre de la actividad ilegal la tenía el Ayuntamiento”, a lo que agrega que su lucha estaba “más que justificada”, porque “era imposible olvidar el problema cuando lo tienes en casa” y “ahora queda más que probada la lucha”.

Tras ello, expresa que “ahora le toca mover ficha a la Corporación y recuperar la cantidad a las arcas”, de modo que insiste en que los políticos pidan “responsabilidades a quienes causaron el problema”.