La víctima de suspuestos abusos de ‘La Manada’ en Pozoblanco declarará a puerta cerrada


El juez señala que "es incuestionable el notable impacto mediático que puede alcanzar esta causa en los medios de comunicación"

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Protesta contra La Manada. /Foto: LVC

El juez de lo Penal número 1 de Córdoba ha acordado la celebración a puerta cerrada y sin presencia de público ni prensa de la declaración de la víctima de los presuntos abusos sexuales ocurridos en el año 2016 en la localidad de Pozoblanco, hechos por los que serán enjuiciados desde el día 18 de noviembre cuatro varones de los cinco integrantes del grupo de WhatsApp de ‘La Manada’ que han sido condenados por una violación posterior en los Sanfermines de 2016.

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Protesta contra La Manada. /Foto: LVC

En un auto fechado el día 17 de octubre, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado acuerda asimismo que también se lleve a cabo a puerta cerrada la reproducción de un documento videográfico solicitado por las acusaciones.

Igualmente, prohíbe la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, “de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección”.

De igual modo, el juez acuerda prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares, así como la grabación del sonido y la imagen durante la declaración de la víctima, “salvo la propia grabación del acto de la vista conforme a lo establecido en las leyes procesales”.

Fue la representación de la presunta perjudicada la que presentó un escrito solicitando la adopción de esta serie de medidas de cara a proteger a la víctima y preservar su identidad conforme a lo dispuesto en los artículos 681 y 682 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, petición a la que se adhirió la representación de la asociación ‘Clara Campoamor’, mientras que el resto de partes no efectuó alegaciones al respecto.

El juez considera que, “a la vista de las actuaciones, así como de los escritos de acusación y defensa, teniendo en cuenta las peticiones señaladas, así como la falta de oposición de las defensas, procede acceder a la adopción” de las medidas solicitadas.

Al respecto, “no solo se trata de la especial naturaleza de la libertad e indemnidad sexuales a las que van referidas las conductas presuntamente cometidas y que constituyen el objeto del presente procedimiento, lo cual podría ser por sí solo suficiente para adoptar las medidas planteadas”, sino que “es incuestionable el notable impacto mediático que puede alcanzar esta causa en los medios de comunicación”.

“UNA ADECUADA PROTECCIÓN”

En este sentido, añade que, “en ese estado de cosas, se ha de ser especialmente escrupuloso a la hora de adoptar medidas que permitan una adecuada protección a la víctima en el proceso” con objeto de “evitar que tanto el proceso como las posibles consecuencias que del mismo pudieren derivarse, aún en un plano absolutamente ajeno y extraño al puramente jurídico, pudieren suponer una nueva causa de victimización”.

El juez indica que “dicho principio de tutela a los derechos e intereses de la víctima ha venido siendo considerado como uno de los ejes de la actuación de las administraciones públicas en general y de la administración de justicia en particular”.

Al hilo de ello, el magistrado señala que, una vez establecido lo anterior y en “expresa” referencia a la celebración parcial de la vista a puerta cerrada, ha de partirse de que, conforme a lo establecido en el artículo 680 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el artículo 232.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “los debates del juicio oral serán públicos, salvo que por razones de moralidad o de orden público, el respeto debido a la persona ofendida por el delito o su familia, se podrá acordar de oficio o a petición de los acusadores la celebración a puerta cerrada”.

Tras precisar que esta excepción viene contemplada también en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 6.1 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, el juez considera que la protección de la identidad de la víctima “resulta esencial” y toma las medidas referidas de cara a la celebración de la vista oral.

Está previsto que el juicio comience el día 18 de noviembre con la presentación de las cuestiones previas por las partes personadas en el procedimiento, en su caso, y la declaración de los acusados, mientras que el día siguiente comparecerán los testigos; el día 20 tendrán lugar las periciales, y el día 21 se dedicará a la presentación de los informes finales por las partes.

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