El alcalde de Nueva Carteya irá a juicio en noviembre


El primer edil se enfrenta a multas de 17.100 euros; inhabilitación para cargo público durante 14 años, e inhabilitación especial

Asesinato agresores mujer
Ciudad de la Justicia./ Foto: LVC
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Ciudad de la Justicia, donde se celebrará el juicio. / Foto: LVC

La Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba celebrará el día 20 de noviembre el juicio contra el alcalde de Nueva Carteya, Vicente Tapia (IU), que se enfrenta a seis años y cuatro meses de cárcel, acusado de cooperar en delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica, lesiones y prevaricación, así como el propietario de un hostal-restaurante del municipio por el ruido que supuestamente genera su local, a quien le piden cuatro años de prisión, todo ello después de denunciar una familia, que requirió atención médica.

Además, el primer edil se enfrenta a multas de 17.100 euros; inhabilitación para cargo público durante 14 años, e inhabilitación especial para profesión u oficio de gerente de restauración por tiempo de cuatro años, mismo tiempo de inhabilitación que el Ministerio Público solicita para el dueño del local, así como multa de 6.300 euros, como presunto autor de delitos contra el medio ambiente por contaminación acústica y lesiones.

Según recoge la calificación de la Fiscalía, desde el año 2007 el propietario del establecimiento ha organizado todo tipo de celebraciones, para lo que ha utilizado las instalaciones del hotel y dos carpas instaladas en un recinto anexo, “que no cuentan con ningún tipo de licencia”.

Al respecto, el domicilio de los denunciantes dista de las carpas unos ocho metros y la actividad referida, según detalla el Ministerio Público, “se desarrollaba con un alto nivel de ruido, que se agrava con la ubicación en zona residencial”, además del horario nocturno de muchas celebraciones, en las que los invitados salen frecuentemente a la zona entre las carpas y el hotel.

En este sentido, la familia perjudicada –un matrimonio y sus hijos– han formulado un total de 35 denuncias en diez años ante la Policía Local y han manifestado la situación al regidor desde el año 2007. Si bien, según la Fiscalía, el Ayuntamiento y su alcalde no han acordado medida alguna para solucionar o paliar el problema, ni se ha incoado procedimiento sancionador, ni se ha inspeccionado. Sus denuncias ante la Guardia Civil y el juzgado de guardia en 2016 motivaron la apertura de diligencias.

Desde abril de 2016 la mujer afectada ha recibido en múltiples ocasiones asistencia médica y ha precisado de tratamiento médico por trastorno adaptativo con depresión, que “remite en función de la disminución del ruido”, según explica el Ministerio Público, que agrega que el varón perjudicado ha sufrido malestar, que ha sido objeto de atención médica.

Cabe señalar que el día 24 de abril de 2018 se acordó en un auto el cese de actividad bajo la carpa del local y “no consta que la actividad haya continuado bajo las carpas, aunque sí en el restaurante del hostal”.

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