La Junta garantiza la seguridad jurídica de consumidores con un decreto para regular las hojas de reclamaciones


La normativa deroga el decreto aprobado hace 10 años en esta materia, de forma que establece también novedades que "permitirán garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica"

Valle García, Jesús Aguirre y María Jesús Botella. hospital reina sofía salud
Valle García, Jesús Aguirre y María Jesús Botella. /Foto: LVC
Valle García, Jesús Aguirre y María Jesús Botella. hospital reina sofía salud
Valle García, Jesús Aguirre y María Jesús Botella. /Foto: LVC

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el decreto de la Consejería de Salud y Familias por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de los consumidores y usuarios en Andalucía y las actuaciones administrativas relacionadas con ellas, con el que persigue garantizar la seguridad jurídica de los consumidores.

Según ha informado este sábado la delegada de Salud y Familias en la provincia de Córdoba, María Jesús Botella, la normativa deroga el decreto aprobado hace 10 años en esta materia, de forma que establece también novedades que “permitirán garantizar una mayor transparencia y seguridad jurídica de la ciudadanía en materia de consumo”.

En este sentido, cuando una persona tenga un conflicto de consumo con una empresa o un profesional, seguirá disponiendo de una herramienta como la hoja de reclamaciones para, en primer lugar, lograr la solución del mismo rápida y directamente con la empresa.

Si ello no ha sido posible, los organismos competentes en materia de consumo le ofrecerán su valoración técnica de los hechos y le propondrán una solución, al tiempo que le asesorarán sobre el mejor camino a seguir.

La delegada ha señalado que, además de introducir un formulario más sencillo y fácil de rellenar, con la nueva regulación la empresa reclamada deberá dar una respuesta más completa y útil para el consumidor, lo que permitirá que muchos de los conflictos se solucionen sin necesidad de dar cuenta a la Administración autonómica.

De igual modo, ha afirmado que la tramitación “será más previsible, transparente y eficiente”, ya que ahora “se crea un verdadero procedimiento administrativo” con causas de inadmisión, un plazo máximo para admitir (15 días) y resolver (tres meses) y “formas claras de terminación”.

Por otra parte, con el nuevo decreto los consumidores también obtendrán un informe jurídico sobre la cuestión reclamada. Así, en el caso de que no sea posible realizar una mediación, arbitraje o trasladar el asunto a una entidad de resolución de litigios de consumo específica, el servicio público de Consumo que tramite la reclamación emitirá un breve informe no vinculante valorando jurídicamente el caso y orientando al usuario sobre cómo ejercer sus derechos.

Finalmente, la normativa aprobada por el Consejo de Gobierno, que entrará en vigor transcurridos seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), pone fin a algunas de las dudas existentes sobre hojas de reclamaciones.

Entre otras cuestiones, el decreto aclara que no es necesario haber consumido para iniciar este trámite y que los profesionales colegiados deben disponer de hojas de reclamaciones, así como los establecimientos regulados por una normativa específica (bancos, estaciones de tren y autobuses).

En el caso concreto de los dispositivos de venta automática, bienes de uso compartido o venta a distancia, también deberán informar, en el propio dispositivo o a través de la aplicación que utilicen, sobre cómo solicitar una reclamación y presentarla.

ACTUACIONES DEL SERVICIO PROVINCIAL EN CÓRDOBA

Durante 2018, se han registrado en el Servicio Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía un total de 2.079 reclamaciones y denuncias. El sector más reclamado durante el pasado ejercicio ha sido el de servicios sanitarios, con 716 expedientes en su mayoría interpuestas por pacientes de iDental.

A continuación, destacar que en el sector de telecomunicaciones se han registrado 340 reclamaciones; minoristas como tiendas o grandes almacenes, 217; servicios esenciales (agua, gas y electricidad), 170; transportes, 88; vehículos, 87; hostelería y turismo, 76 y financieras e inversión con 48.

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