La Junta respalda con 300.000 euros un proyecto cordobés para dar vivienda digna a campesinos indígenas en Perú


El proyecto se denomina 'Mujeres y hombres indígenas de comunidades rurales del Valle de Cusco ejercen su derecho a una vivienda productiva digna"

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Interior de una vivienda rural en el Valle de Cusco (Perú)./Foto: LVC
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Interior de una vivienda rural en el Valle de Cusco (Perú)./Foto: LVC

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aacid), adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, respalda con 300.000 euros un proyecto de la Fundación Social Universal (FSU), con sede en Montilla, para proveer de viviendas dignas a campesinos indígenas en Perú.

De este modo y según la información facilitada a Europa Press por la FSU y difundida en su web, “durante los dos próximos dos años un total de 1.342 personas de 12 comunidades campesinas del Valle de Cusco ejercerán su derecho a una vivienda productiva digna y a una alimentación saludable”, con la financiación de la Aacid.

En concreto, el proyecto denominado ‘Mujeres y hombres indígenas de comunidades rurales del Valle de Cusco ejercen su derecho a una vivienda productiva digna y a una alimentación saludable con enfoque de género en desarrollo’, que será ejecutado ‘in situ’ por la organización CEC Guaman Poma de Ayala, cuenta con un presupuesto de 318.523 euros, de los que la Aacid aporta los mencionados 300.000 euros, a los que la contraparte local suma 4.632 euros, las municipalidades beneficiarias 2.349 euros, las comunidades beneficiarias 3.782 euros y la FSU 7.760 euros.

El proyecto intervendrá en 12 comunidades indígenas del Valle de Cusco, en la sierra altoandina de Perú, donde las familias, según ha señalado la FSU, “viven en deficientes condiciones de habitabilidad y salubridad, sin acceder a una alimentación saludable”.

La vivienda rural en esta zona “está mayoritariamente dispersa sobre los cerros y montañas que rodean el valle, siguiendo patrones de asentamiento ancestrales”. Un 96 por ciento de las viviendas son de adobe, “construidas sin conocimiento ni asistencia técnica, siendo altamente vulnerables ante posibles seísmos o lluvias intensas, y un 90 por ciento están hacinadas por la cohabitación de la familia con animales menores y herramientas e insumos agrícolas”.

La totalidad de las viviendas, además, “son deficitarias en servicios de acceso a agua segura y desagüe, convirtiéndose en focos de contaminación que ponen en riesgo permanente la salud pública, siendo los niños menores de cinco años los más vulnerables frente a las enfermedades, a causa del deficiente saneamiento básico, la acumulación de basura y los incorrectos hábitos de higiene familiar”.

Según informes de la Dirección Regional de Salud en la provincia de Cusco, el 12,08 por ciento de la infancia menor de cinco años presenta desnutrición crónica infantil, y el 71,06 por ciento padece anemia infantil, aumentando aún más en las comunidades alto andinas.

A partir de los estudios y diagnósticos realizados participativamente con la población, “se ha identificado como problema central la vulneración de derechos de mujeres y hombres al acceso a una vivienda digna productiva y alimentación saludable”.

Por eso, con esta intervención se busca “mejorar la habitabilidad de las viviendas, incorporando el uso de energías renovables e infraestructura agropecuaria conducida por mujeres indígenas, logrado así su mayor autonomía y empoderamiento socio económico, en paralelo con la práctica de medidas compensatorias en el ámbito doméstico, posibilitando que sus familias accedan a una alimentación balanceada a partir de su producción agropecuaria local diversificada”.

Con ello se pretende combatir el incremento de las brechas socio económicas y políticas entre la población urbana y rural de las comunidades indígenas del Valle de Cusco, y también atajar las causas que llevan a “la violencia en las relaciones de género, la prevalencia de las enfermedades” en niños, mujeres y población en general, “con escaso ejercicio de la ciudadanía frente a políticas de vivienda rural excluyentes y carentes de un cariz de justicia social y compromiso real con el desarrollo y sostenibilidad”.

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