Satse lleva a la Diputación y a los ayuntamientos la necesidad de más enfermeras


Pretende que las administraciones locales reclamen al Gobierno y a las autonomías una mayor dotación de profesionales por paciente

 El Sindicato de Enfermería (Satse) está pidiendo a los partidos políticos que presenten mociones en los ayuntamientos y en la Diputación Provincial de Córdoba para que desde estas administraciones públicas se reclame al Gobierno y a la Consejería de Salud una dotación adecuada de enfermeras en todos los hospitales, centros de salud, dispositivos de urgencias y centros sociosanitarios.

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Enfermera. /Foto: LVC

Dentro de su campaña “La Sanidad que merecemos. Ley de ratios enfermeras”, Satse ha elaborado propuestas de moción con el objetivo de que los partidos políticos las hagan suyas y las presenten en las corporaciones locales y provinciales con el objetivo de instar al Gobierno de España a que asegure el establecimiento de una ratio enfermera/paciente que garantice un atención segura y de calidad a los pacientes.
En las mociones se recuerda que Andalucía sufre un importante déficit de profesionales, al tener, por ejemplo, nuestra provincia sólo 4,78 enfermeras por 1.000 habitantes cuando la media europea está cerca de nueve enfermeras por 1.000 habitantes. En la provincia de Córdoba se necesitan más de 2.700 enfermeras para alcanzar, al menos, la media de la UE. Una realidad que afecta a la salud y seguridad de los ciudadanos y profesionales, así como al funcionamiento del sistema sanitario público. 
Por ello, Satse pretende que el Congreso de los Diputados debata una  Iniciativa Legislativa Popular que, en caso de aprobarse, garantizará que en los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, dispositivos de urgencias… y centros sociosanitarios) de la provincia de Córdoba haya un número máximo de pacientes por cada enfermera.
 
De cara a su debate futuro en el Parlamento español, una vez se recaben las 500.000 firmas necesarias, Satse considera fundamental que partidos políticos y administraciones públicas, como ayuntamientos y diputaciones, muestren públicamente su respaldo al objetivo de mejorar la atención y cuidados a los ciudadanos que representan, con igualdad y equidad entre comunidades autónomas y provincias.
Por ello, en las mociones se insiste en la necesidad de que cualquier ciudadano reciba la misma atención y cuidados, independientemente del lugar en el que resida, ya que, en la actualidad, cada servicio de salud autonómico establece el número de enfermeras en función de criterios diversos en los que cuenta más el interés por el ahorro económico que mejorar la calidad y seguridad en la atención sanitaria y cuidados que reciben . 
Algo que contradice claramente lo estipulado en la Constitución española, que proclama el derecho a la salud de todos los ciudadanos (artículo 43), sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal  o social (artículo 14).
De otro lado, se recalca que las bajas ratios enfermeras/paciente suponen un riesgo directo sobre la vida de los ciudadanos, aumentando de forma clara su mortalidad y morbilidad, según las evidencias cientificas existentes, además de incrementar el coste sanitario por el aumento de estancias hospitalarias y el consumo de otros recursos.
Por ejemplo, distintos estudios concluyen que por cada paciente extra que se añade a la carga de trabajo de una enfermera las posibilidades de que un paciente muera en el mes posterior a la cirugía se incrementan un siete por ciento, o  que por cada hora menos de atención enfermera por paciente durante los primeros cinco días de ingreso en el hospital, el riesgo de fallecimiento aumenta en un tres por ciento.
Por todas estas razones, el Sindicato de Enfermería entiende que ningún partido político tiene justificación alguna para no apoyar, con la presentación de estas mociones en ayuntamientos y diputaciones provinciales, el aumento de las plantillas enfermeras como inversión prioritaria generadora de importantes retornos económicos, sociales y de salud de la población, y mostrar así su irrenunciable  compromiso con garantizar la seguridad de los pacientes en la atención sanitaria y cuidados que reciben en los hospitales, centros de salud, dispositivos de urgencias y centros sociosanitarios.

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