Critican las "privatizaciones" de la Junta en Educación Especial


CCOO afirma que “es falso el discurso de que la educación es una prioridad para la Junta, porque no beneficia al eslabón más débil, sino a las empresas”

CCOO exige a la Consejería de Educación “que deje de privatizar la plantilla de técnicos de integración social de Educación Especial y estudie fórmulas para que estos puestos de trabajo sean revertidos a la gestión pública”.

Clase de Educación Especial. plantilla
Clase de Educación Especial. /Foto. LVC

En un comunicado, este sindicato afirma que la plantilla de personal técnico de educación especial, personal especializado para el apoyo a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en los colegios e institutos públicos de la Consejería de Educación, asciende a unas 721 personas en Andalucía, aproximadamente 70 de ellos en la provincia de Córdoba, un colectivo además altísimamente feminizado, ya que más del 88% del mismo lo componen mujeres.
El secretario General del Sindicato Provincial de Enseñanza de CCOO de Córdoba, Antonio Sánchez, denuncia que “cada vez que surge una nueva necesidad en la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la Consejería de Educación, en lugar de ampliar sus plantillas, recurre a la externalización de servicios, una práctica que rechazamos”.
“Es incomprensible que el Gobierno de la Junta, teóricamente de izquierdas, siga recurriendo a la externalización” y “encargando a empresas privadas, que no realizan su actividad pensando en el bienestar del alumnado sino en el lucro y el beneficio propio, actividades que por su importancia deben estar gestionadas directamente desde lo público”, señala Sánchez.
En este sentido, el responsable sindical afirma que ya hay más puestos privatizados que públicos, pues son 1.024 –frente a los 721 mencionados anteriormente- los puestos cubiertos a través de empresas privadas en Andalucía. En opinión de CCOO, estas cifras ponen de manifiesto que “es falso el discurso de que la educación es una prioridad para el Gobierno andaluz, porque con esta práctica no beneficia al eslabón más débil, que es el alumnado con necesidades educativas especiales, sino a las empresas”, insiste.
El sindicato hace hincapié en que la reversión a lo público de esos puestos de trabajo debe ir acompañada de soluciones laborales para los trabajadores que en la actualidad cubren el servicio para las empresas, puesto que a la vez son víctimas de la explotación de las empresas, promovida y consentida por la Junta de Andalucía. En todo caso, esta reversión significa que los puestos revertidos se tendrán que cubrir necesariamente por el sistema legalmente establecido para ello, esto es, particularmente en lo referido a acceso público y traslado.