El Servicio de Consumo de la Junta atendió 4.500 consultas durante 2019


Botella ha explicado que "el ámbito del consumo es un aspecto de especial relevancia para la Junta de Andalucía"

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La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella./Foto: LVC
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La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella./Foto: LVC

La delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, ha informado este miércoles de que durante el año pasado el Servicio de Consumo de la Delegación Territorial atendió 4.500 consultas y 1.149 reclamaciones en materia de consumo, “consiguiendo un resultado favorable para el consumidor de un 42,4 por ciento”.

En rueda de prensa, Botella ha explicado que “el ámbito del consumo es un aspecto de especial relevancia para la Junta de Andalucía, porque afecta directamente al ciudadano y, desde esta Delegación Territorial, apoyamos el refuerzo de la educación y formación de los consumidores para promover la mayor libertad en el consumo, facilitar la comprensión y utilización de la información existente, difundir el conocimiento de los derechos y deberes de los consumidores, fomentar la prevención de riesgos derivados del consumo y potenciar la formación de los educadores”.

En 2019 los sectores más reclamados fueron el de telecomunicaciones, que supuso un 33 por ciento del total; seguido del sector del comercio, con un 13,58 por ciento, y los servicios esenciales de electricidad, gas y agua, con 111 reclamaciones, representando el 9,66 por ciento del total. El resto se distribuye, principalmente, en los servicios sanitarios, transporte, hostelería y turismo.

Por otro lado, Botella ha destacado la labor del personal inspector de los Servicios Provinciales de Consumo, que “han ejecutado 18 campañas de control y han tramitado 74 denuncias, apreciándose irregularidades en el 37 por ciento de ellas”.

Estos profesionales han levantado 2.209 actas de inspección, incluyendo redes de alerta y toma de muestras en las que “solo se apreció irregularidades en 186 actas”, es decir, en un ocho por ciento de los casos, lo que se traduce en que “el grado de incumplimiento en la provincia de Córdoba no es muy elevado”.

La Delegación Territorial de Salud y Familias ha concedido 74.754 euros a 14 entidades locales de la provincia, incentivando el ejercicio de competencias en materia de consumo, apostando por la consolidación y ampliación de estos servicios, e impulsando su accesibilidad para la ciudadanía en todo el territorio andaluz.

Además, ha destinado 63.473 euros a asociaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, que destinarán dicho crédito a la financiación de actividades de formación, educación y divulgación, dirigidas a las personas consumidoras y usuarias, consistentes en cursos, jornadas, seminarios, conferencias, exposiciones, talleres y actividades similares en materia de consumo, así como al mantenimiento de los servicios de asesoramiento o consultas, mediación y gestión de reclamaciones y denuncias en materia de consumo.

NUEVAS HOJAS DE QUEJAS

Por último, la delegada ha recordado que una de las principales novedades en materia de consumo ha sido la entrada en vigor del Decreto 472/2019, de 28 de mayo, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía.

“Esta normativa -ha recordado- entró en vigor el 4 de diciembre e introduce novedades destacables, como la creación de un procedimiento administrativo con causas claras de inadmisión, siendo competente para tramitar las quejas y reclamaciones el servicio público de consumo de inferior ámbito territorial o, en su defecto, la delegación territorial de la Consejería competente en materia de consumo, correspondiente al domicilio de la persona consumidora”.

Para difundir esta nueva normativa, el Servicio de Consumo distribuirá una guía práctica a los técnicos de las Omic y de las asociaciones de consumidores y usuarios, que incluirá, entre otros aspectos prácticos, modelos de documentos de tramitación administrativa, modelos de respuesta empresarial, y preguntas frecuentes para facilitar el trabajo de quienes tienen como misión velar por la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, en un marco de seguridad jurídica, objetividad y estímulo de las prácticas empresariales positivas.

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