Confirman pérdidas de 2,8 millones para el promotor afectado por el gerente de Adif


El gerente de mantenimiento de Adif está acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras supuestamente pedir dinero "encubierto"

gerente
Juicio./Foto: EP

Peritos que han declarado este miércoles en el juicio al gerente de mantenimiento de Adif en Córdoba en 2007 acusado de delitos de cohecho y falsedad en documento oficial, tras supuestamente pedir dinero “encubierto” para conceder una autorización de unas obras a una sociedad en un polígono de Andújar (Jaén), han confirmado que el promotor de las obras llegó a tener pérdidas por unos 2,8 millones de euros por esta actuación.
Durante la sesión celebrada en la Sección Tercera de la Audiencia de Córdoba, que continuará este jueves con los informes finales, dos peritos citados por la acusación, concretamente un arquitecto y un aparejador, han expuesto sus informes sobre las pérdidas que han calculado, al tiempo que un informático, también aportado por la acusación, ha aseverado que la carta en la que se pedían avales a la sociedad supuestamente se realizó un mes después de la fecha introducida en el registro, entre otras declaraciones de peritos de esta jornada.
Al respecto, el acusado ha manifestado ante el tribunal del jurado que “nunca” ha requerido dinero al empresario, ni representante de la entidad para las obras en cuestión. También, ha explicado que en un encuentro con el empresario fuera de la oficina le dijo que “se habían devuelto todos los avales de los trámites de autorización que sumaban unos 180.000 euros”, pero ha negado que le dijera que “todo se arreglaría si le entregaba 180.000 euros”.
Cuestionado por la carta presentada antes de su declaración en fase de instrucción, por la que se archivó el caso, pero luego se reabrió al considerarse que supuestamente es falsa, el hombre ha afirmado que era “para informar de que se habían devuelto los avales” citados, al tiempo que ha remarcado que “nunca jamás” ha pedido dinero y que le hicieron “una insinuación” como que “si se resolvía pronto” la concesión “sería agradecido”.
Asimismo, ha señalado que “nunca” ha modificado requisitos para alargar el trámite de concesión de cara a autorizar las obras y que desde la sociedad tardaron “hasta un año” en responder a algunos documentos, entre otros aspectos que ha detallado. También, ha apuntado que construyeron “sin autorización” de Adif “generando riesgo” para las vías.
Al respecto, la fiscal del caso ha pedido para él una pena de cuatro años de cárcel y 400.000 euros de multa, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago de un año de prisión, así como suspensión de empleo o cargo público por tres años, otra multa de 4.320 euros e inhabilitación especial por tiempo de cinco años.

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