La expresidenta del Constitucional dice que el precio no es determinante en las contrataciones


Reclaman mejor relación calidad-precio y la inclusión de clausulas de tipo social, medioambiental, de innovación y desarrollo y de defensa de la competencia

La expresidenta del Tribunal Constitucional (TC) María Emilia Casas ha afirmado este martes en Córdoba, respecto a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que en la citada norma “el precio no es el factor determinante en las contrataciones” que se llevan a cabo.

Acto organizado por Construcor con María Emilia Casas.  contrataciones
Acto organizado por Construcor con María Emilia Casas. /FOTO: LVC

Así lo señalado Casas, según ha informado Construcor en un comunicado, durante la participación la expresidenta del TC en un foro de trabajo, organizado por la citada patronal cordobesa de la construcción, en el que se ha analizado la complejidad y las posibilidades de la nueva Ley de Contratos del Sector Público para las empresas constructoras y de infraestructuras.
En este contexto y con la participación también de los abogados Álvaro Hernando de Larramendi y Mariano Aguayo, se ha analizado cómo se ha aplicado la nueva Ley a los últimos concursos públicos que han tenido lugar en Córdoba, como el referido a la Ronda Norte, y que se han centrado en varios factores, como el precio, sobre el que Casas ha expresado la opinión referida.
Igualmente, se han tratado las medidas de carácter administrativo, en este caso por parte del magistrado en excedencia, José Ángel Castillo, y del abogado del Estado, también en excedencia, Carlos Rodríguez Vallecillo, ambos especialistas reconocidos en el campo del Derecho Administrativo y la Contratación Pública, destacando que “el nuevo sistema de contratación pública persigue ser más íntegro, transparente y eficiente”.
En este sentido, han recorado que la legislación española participa de la ‘Estrategia Europa 2020’, fruto de la revisión y modernización de la normativa sobre contrataciones públicas para mejorar la eficiencia del gasto público, la participación de las Pymes en ella y permitir que los poderes públicos empleen la contratación pública en apoyo de objetivos sociales comunes.
Asimismo, han aludido a otros objetivos de la ley, como son el que se logre una mejor relación calidad-precio y la inclusión de consideraciones de tipo social, medioambiental, de innovación y desarrollo y de defensa de la competencia, así como simplificar los trámites y respetar los principios de igualdad de trato, no discriminación, proporcionalidad e integridad, todo ello en beneficio de los usuarios.

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