CCOO defiende la viabilidad del sistema de pensiones


El sindicato propone reforzar su estructura de ingresos, pactar una nueva fórmula de revalorización y luchar contra el fraude, entre otras cuestiones

La Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO defiende la viabilidad del actual Sistema Público de Pensiones, aunque para ello sean necesarias algunas modificaciones, comenzando por reforzar su estructura de ingresos.

Pareja de pensionistas. (CCOO)
Pareja de pensionistas. /Foto:LVC

Según explican en un comunicado, “la fuente de financiación que mejor puede garantizar un buen sistema de pensiones pasa por la creación de más empleo y que éste sea de calidad”. Para ello el sindicato insiste en la necesidad de “mejorar la productividad de los factores de producción, transitando hacia un modelo de crecimiento basado en la innovación, aunque sin dejar de impulsar, desde los presupuestos públicos, actividades intensivas en mano de obra (atención a personas mayores y dependientes, mantenimiento de infraestructuras, rehabilitación de viviendas y edificios, etc.), que generen oportunidades de empleo para todos los parados, al tiempo que se atienden necesidades de la sociedad”.
Para la mejora coyuntural y/o estructural de ingresos del Sistema Público de Pensiones CCOO propone “debatir sobre algunas propuestas, como el incremento coyuntural de dos puntos de cotización, el incremento de las bases máximas de cotización y de la base mínima (como consecuencia del aumento paulatino del SMI), la equiparación de bases medias de cotización del Régimen General y el de Autónomos y la asunción por parte del Estado de gastos de administración de la Seguridad Social“.
Asimismo, CCOO propone la conversión de “tarifas planas” y reducciones de cuotas en bonificaciones financiadas por el Ministerio de Empleo y planes de empleo y de lucha contra la economía sumergida, todo lo cual supondría, en su opinión, incrementar los ingresos en 67.482 millones de euros.
CCOO explica también que “para acabar con estas situaciones la lucha contra el fraude y la economía sumergida debe ser una prioridad de todos los gobiernos, no sólo por una cuestión de ingresos, sino para reforzar la equidad y la legitimación social del conjunto del sistema público”. En este sentido “sería conveniente aumentar los recursos destinados a la lucha contra el fraude (Inspección de Trabajo o Agencia Tributaria), mejorar su organización y sus posibilidades de intervención”.

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