Cerca de 3.000 expedientes abiertos en Córdoba por fraude eléctrico


Suponen más de 19 millones de Kwh defraudados, lo que equivaldría al consumo de electricidad de alrededor de 6.400 personas

La Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha acogido hoy unas jornadas de trabajo sobre el fraude en el suministro eléctrico, a la que han asistido 30 profesionales de la defensa del consumidor, en la que se han puesto de manifiesto los últimos datos del 2015 que manejan las principales compañías del sector (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), los cuales hablan de que en el año pasado aumentó un 25% el fraude eléctrico, abriéndose 184.000 expedientes que suponían una pérdida de 150 millones de euros y 4.000 millones de Kwh (Kilovatios/hora). Según informan las mismas fuentes las principales causantes de este fraude, en el 80% de los casos, son las empresas de diversos sectores industriales y de servicios; y del 20% restante, más del 80%, son particulares que tienen elevados niveles de consumo.

fraude eléctrico
Cables puenteados ilegalmente

El  delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, ha informado que de los 184.000 expedientes a nivel nacional del pasado año, 2.883 corresponden a Córdoba y extrapolando los datos nacionales a la provincia suponen una pérdida superior a los  740.000 de euros, “que pagamos todos los consumidores” y el fraude en el suministro eléctrico de estos expedientes suponía más de 19 millones de Kwh defraudados que se han recuperado, “lo que equivaldría al consumo eléctrico de alrededor de 6.400 personas”. Así mismo el responsable territorial ha hecho hincapié que en el caso de las conexiones ilegales en las empresas, las compañías que cometen fraude perjudican doblemente a sus competidores, “porque consiguen abaratar sus propios productos y servicios suponiendo una clara competencia desleal”.
Este encuentro, que pretende concienciar a la ciudadanía sobre las consecuencias que tiene este práctica tipificada como delito en el Código Penal, analiza por un lado, la carga económica que para las empresas y la población general supone esta práctica y, por otro lado, servirá para advertir de los riesgos que corren las personas y familias que conviven cerca del defraudador.
Pero además de la cuestión económica en este fraude las jornadas analizan un ámbito de suma importancia como son los riesgos que esta práctica ilegal genera. En este sentido, las conexiones ilegales a la red eléctrica y las manipulaciones de los contadores conllevan un elevado riesgo para la seguridad de las personas, ya que se realizan al margen de la legalidad y de la normativa técnica vigente, y sin los requisitos de seguridad necesarios. El riesgo de incendio que conllevan estas manipulaciones de contadores es alto.
Una de las principales herramientas de control ha sido la instalación de los contadores telegestionados (implantados ya en una media del 80% del territorio) con lo que la detección del fraude es ahora mucho más fácil que antes, ya que se identifican fácilmente los entornos donde se están produciendo al contrastar el registro de consumidores frente al consumo eléctrico registrado por zonas. En 2018 este tipo de contador ‘inteligente’ deberá estar instalado en la totalidad de los hogares españoles, según marca la normativa al respecto.
También ha influido para la detección de esta práctica, el incentivo a la reducción del fraude en el sistema eléctrico que reciben las distribuidoras y que equivale al 20% de los importes declarados e ingresados en concepto de peajes defraudados al sistema. Así mismo hay que añadir que el propio Código Penal también lo contempla, estableciendo penas de tres a doce meses de cárcel.
 
 

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