El TSJA tumba la querella de Oliver y Zulategui contra el juez Rodríguez Moyano

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De esa forma, el TSJA da la razón al Ministerio Fiscal que, en su momento, hizo lo propio con la querella presentada por Oliver y Zulategui contra el juez

Luis Oliver y Joaquin Zulategui
Luis Oliver y Joaquin Zulategui.
Luis Oliver y Joaquin Zulategui
Luis Oliver y Joaquin Zulategui.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha acordado, por medio de un auto, que “ha de inadmitirse a trámite la querella interpuesta por la representación de Joaquín J. Zulategui Eraso y Luis Oliver Albesa contra Antonio Rodríguez Moyano, Magistrado Juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba”.

De esa forma, el TSJA da la razón al Ministerio Fiscal que, en su momento, hizo lo propio con la querella presentada por Oliver y Zulategui contra el juez “atribuyéndole determinados delitos supuestamente cometidos en el ejercicio de sus funciones”.

En el auto del TSJA se establecen los fundamentos jurídicos y se señala que “en el mismo escrito de querella se acumulan en realidad dos querellas diferentes, que sólo tendrían en común la persona del querellado y el procedimiento en el se habrían dictado las resoluciones que se reputan delictivas”.

En ese sentido, sobre la personación y expulsión de. Zulategui en las Diligencias Previas del Juzgado de Intrucción número 5 de Córdoba, el Alto Tribunal andaluz explica que “no concurre el elemento objetivo del delito de prevaricación (…), conforme a lo que se extrae del propio contenido de la querella y la documentación que en ella se adjunta. Tampoco, en consecuencia, puede apreciarse el más genérico delito de impedimiento del ejercicio de derechos cívicos previsto en el art. 542 CP, tal y como razona el Ministerio Fiscal en su informe”. 

Mientras que sobre el supuesto delito de revelación de secretos se detalla que “en la querella se enfatiza que el Sr. Oliver no estaba siendo investigado penalmente en las diligencias previas, pero ello, lejos de aproximar los hechos al delito de revelación de secretos, lo aleja definitivamente, puesto que se trataba de cuestión sin recorrido judicial en la instrucción, y por tanto la única significación posible de la conducta indiciariamente conocida en aquel momento, no sería más que la eventual responsabilidad disciplinaria en el ámbito deportivo, que competía al Consejo Superior de Deportes, ante el que el Sr. Oliver habrá tenido la posibilidad de defenderse”.

Sobre la venta de una unidad productiva del Córdoba CF, S.A.D., sin previa autorización por parte del Juez Instructor

“El contrato de compraventa referido se realizó por el administrador concursal, en quien concurría igualmente la condición de administrador judicial en las diligencias previas. Como tal administrador concursal, contaba con autorización del Juez del concurso, como así consta en el contrato que se aporta como anexo documental con la querella. Es cierto que las razones de la administración judicial-penal y concursal no son necesariamente coincidentes, y que la preservación de los fines de una y otra administración podrían justificar la necesidad de un doble control de la operación. Esta circunstancia, no obstante, por más que en casos extremos pudiera suscitar objeciones sobre la validez del contrato, o sobre su inscribibilidad (en caso no ser ratificado ulteriormente también por el Juez Instructor), no encaja ni siquiera lejanamente en la calificación de “resolución injusta” ni de prevaricación omisiva, sino que no es más que una vicisitud de la existencia de una doble intervención sobre la sociedad concursada, sin que en absoluto haya constancia, ni siquiera indiciaria, de haberse obtenido por vía de pasividad lo que perfectamente habría podido obtenerse por medio de una autorización expresa o convalidación posterior, que no habrían merecido reproche de prevaricación al tratarse de una opción tomada, dentro de las posibles, para la gestión de la delicada situación del club, apreciada así por el Juez del concurso sobre la base del informe del administrador que lo era en ambos procedimientos”.

“Dicho de otro modo, la única prevaricación imaginable existiría sólo en el caso hipotético de que hubiera sido legalmente exigible, sin género de dudas y sin alternativas, la denegación de la autorización para la venta, pero no puede serlo el ‘no reaccionar’ por vía de medidas cautelares al conocer el contrato de compraventa, autorizado por el Juez concursal, y que perfectamente habría podido ser autorizado sin tacha de prevaricación por el Juez Instructor”, dictamina el TSJA.

Frente al auto cabe recurso de súplica ante esta misma Sala del TSJA.

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