Zulategui apartado del caso contra León y pierde la fianza

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Se le "tiene por apartado del procedimiento, quedando el importe de la fianza de 3.000 depositado en la cuenta de consignaciones del Juzgado para responder a las posibles responsabilidades civiles"

Luis Oliver y Joaquin Zulategui
Luis Oliver y Joaquin Zulategui.
Luis Oliver y Joaquin Zulategui
Luis Oliver y Joaquin Zulategui.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Córdoba ha emitido un auto en el que ha resuelto la petición de Joaquín Zulategui, para personarse en el mismo como acusación particular en el procedimiento incoado contra Jesús León. En el mismo, se ha acordado que se le “tiene por apartado del procedimiento, quedando el importe de la fianza de 3000 euros depositado en la cuenta de consignaciones del Juzgado para responder a las posibles responsabilidades civiles que en su día puedan dictarse. Con testimonio de este auto fórmese pieza de responsabilidad civil”.

Como se recuerda en el auto del que ha tenido conocimiento La Voz de Córdoba, el Ministerio Fiscal solicitó que se apartara del caso a Zulategui. Un hecho que ha sido atendido en base a cuatro fundamentos. En el primero se recuerda que “nos planteamos si la legitimación se ha de hacer extensiva a los delitos patrimoniales que se siguen en este procedimiento, puesto no cabe duda que afectan a los intereses económicos y sociales de los accionistas cuya personación se realiza a través de la asociación de accionistas minoritarios del CCF denominada MINORITARIOS CCF con independencia de que estando la AJ del CCF SAD ejercitando la acusación particular en su condición de perjudicada; entendemos que cabe la posibilidad de personación en nombre de los intereses de los accionistas a que representa la asociación “MINORITARIOS CCF” que tiene su respaldo legal en los artículos 7.3 de la LOPJ, 113 de la L.E.Crm. Y 7 y 11 de la L.E.Civil, máxime cuando lo que es propio y normal en los estatutos de estas asociaciones se establezca como objeto de su constitución la defensa de los intereses de los accionistas, por lo que igualmente estarían legitimados para el ejercicio de la acción civil derivada de los delitos patrimoniales por ellos perseguidos”.

En el segundo apartado se indica que “hemos hecho esta introducción previa en materia de legitimación porque el art. 270 de la L.E.Crm establece que todos los ciudadanos hayan o no sido ofendidos por el delito pueden querellarse ejercitando la acción popular y el Sr. Zulategui se incorporó al procedimiento sin presentar querella a la que estaba obligado; de lo instruido hasta la actualidad se encuentran suficientes indicios para deducir la existencia de actividades relativas relacionadas con la administración desleal, la apropiación indebida. Es cierto que la jurisprudencia del T. Supremo ha matizado y flexibilizado el requisito de la querella no siendo exigible su presentación en el caso en que se investigara delitos relativos a la titularidad colectiva, de naturaleza difusa o de carácter metaindividual, que aquí es obvio que no lo son, por un lado está la Asociación “Minoritarios CCF” que se constituyó como acusador particular y por otra el propio sujeto pasivo de estos delitos patrimoniales CCF SAD representado por la AJ, ello nos lleva a que se exija necesariamente la querella para ejercitar la acción popular y personarse en tal condición en el procedimiento, pues de seguir un criterio laxo conllevaría a que cualquier particular sin mas accediera al procedimiento”.

Solicitud de Imputación

En el tercer punto se recuerda que “por parte del Ministerio Fiscal se solicitó la imputación del Sr. Zulategui por la comisión de un delito de apropiación indebida, administración desleal sobre la base del informe emitido por la AJ y que ha determinado que por este Instructor se haya dictado providencia de 17-2-20 por la que se orden a la UOPJ de la G. Civil que se investigue al Sr. Zulategui y le reciba declaración como investigado al considerar que existen suficientes elementos de prueba que permiten determinar su responsabilidad penal; el Art. 132 primero del Código Penal establece que se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se atribuyen su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito. Esta solución coincide con la mantenida por el T.C. y debe considerarse materialmente correcta desde la perspectiva de los derechos de los ciudadanos. Es necesario a que la resolución judicial se base en indicios de su presunta participación en los hechos y que la motivación pormenorice estos indicios que están relacionados en el informe mensual de rendición de cuentas/1 comprensivo de los apartados 33 a 42, extremos que han sido contestados mediante escrito de la representación del Sr. Zulategui y que se da traslado de todo ello a la UOPJ”.

En el cuarto apartado se explica que “el Tribunal Supremo es categórico al argumentar la incompatibilidad para personarse como acusación popular en un procedimiento no ya solo cuando aparezca como investigado sino incluso como responsable civil del delito objeto de investigación (STS 6-4-2017 y 1-10-15) teniendo presente que ante hechos denunciables como los indicados conforme al art. 269 de la L.E.Crm. inmediatamente por el Juez o Funcionario a quien se hiciera procederá a la comprobación del hecho denunciado salvo que este no revistiera caracteres de delito o que la denuncia fuera manifiestamente falsa, supuestos que no se dan aquí, lo que motiva que sea apartado del procedimiento la acusación popular ejercida por Joaquín Zulategui Eraso y el importe de la fianza de 3000 euros quede consignada en la cuenta del Juzgado para posibles responsabilidades civiles”.

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