El día que puede cambiarlo todo


El próximo lunes es la fecha clave para el futuro inmediato del Córdoba Club de Fútbol

Aglomerados
Oliver, León y González.

La supuesta venta fallida del Córdoba Club de Fútbol tiene una fecha clave: el 22 de enero. Y es que el próximo lunes tendrán lugar dos citas importantes. La primera en la notaría de Madrid, donde Aglomerados Córdoba SL (Jesús León y Luis Oliver, hijo) ha citado a Azaveco SL (Carlos González), para hacer efectivo el traspaso accionarial de esta última sociedad. El mismo, pese a las posibles medidas legales anunciadas, no parece que vaya a hacerse efectivo, tras las afirmaciones de González el pasado viernes 12 de enero. Y, haya o no giro den los acontecimientos, lo que ocurra ese día será clave para el futuro inmediato de la entidad. El segundo, la Junta Extraorddinaria del club que, pase lo que pase, no se suspenderá.
Los movimientos, de hecho, ya se han iniciado. La venta (cesión con opción de compra obligatoria) de Jaime Romero ha sido la primera pieza en moverse en el tablero. Y todo hace indicar que Carlos González ha tomado las riendas para lo que resta de temporada. Un hecho que, por otra parte, implicaría que los compradores adoptarán las medidas pertinentes.
Vía judicial
Cabe recordar que, en el burofax remitido por Aglomerados Córdoba se informaba de que la sociedad abonará los dos millones de euros, mediante cheque bancario, tal y como se estipuló en el contrato de arras. Mientras que el pago de los más de cinco millones restantes de la operación quedará aplazado, tal y como se estipuló “en el contrato de compraventa”. Mientras que otro de los requerimientos, firmados por Jesús León López y Luis Oliver Sierra, radicaban en el cese de los actuales consejeros; la entrega de los libros de registro de socios y de acciones nominativas de la entidad; así como la entrega de la posesión efectiva de la misma. De tal forma que se pide el cumplimiento de lo firmado, mientras que se advierte de que -en caso de no hacerlo- “procederemos al ejercicio de cuantas acciones judiciales nos asistan en defensa de nuestros legítimos derechos e intereses, incluidas las de índole penal, si a ello hubiere lugar”.