Interior establece un nuevo protocolo para controlar y prevenir el uso de armas blancas


El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha dictado la instrucción que unifica los criterios y los procedimientos de Policía Nacional y Guardia Civil

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Control de la Policía Nacional./Foto: LVC
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Control de la Policía Nacional./Foto: LVC

El Ministerio del Interior ha aprobado el ‘Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado respecto al control de las armas blancas y otros instrumentos peligrosos para la seguridad ciudadana’, cuyo objetivo es reforzar el control sobre este tipo de armas y prevenir su uso. 

El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ha firmado este jueves la instrucción que unifica criterios para controlar la utilización de este tipo de armas en las vías, espacios o establecimientos públicos en todo el territorio nacional.

El objetivo del protocolo es establecer directrices para que las fuerzas y cuerpos de seguridad recojan en los atestados policiales todos los indicios probatorios necesarios para la denuncia; promover programas de formación permanente para mejorar la respuesta policial; completar y reforzar las acciones encaminadas a evitar el uso de armas blancas; y potenciar la colaboración en el ámbito local y autonómico con instituciones y entidades territoriales.

La instrucción alerta de la amenaza para la seguridad ciudadana que supone la tenencia de armas blancas y otros instrumentos peligrosos y recuerda que el Reglamento de Armas establece “la prohibición absoluta de portar, exhibir y usar fuera del domicilio, del lugar de trabajo, en su caso, de las correspondientes actividades deportivas, de cualquier clase de armas blancas, especialmente aquellas que tengan hoja puntiaguda”.

El texto insta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización” con el fin de prevenir un delito o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes.

El protocolo establece que la intervención de las autoridades y sus agentes se justificará “por la existencia de una amenaza concreta o un comportamiento objetivamente peligroso que, razonablemente, sea susceptible de provocar un perjuicio real para la seguridad ciudadana y, en concreto, atentar contra los derechos y libertades individuales y colectivos o alterar el normal funcionamiento de las instituciones públicas”.

Las actuaciones y aprehensión de las armas deben quedar perfectamente documentadas, tanto si se trata de la comisión de un delito como de una infracción de carácter administrativo. El protocolo determina también la información que debe registrarse en ambos casos. Los agentes recogerán la actuación de la persona responsable, los daños o perjuicios causados a la seguridad ciudadana, el entorno en el que se desarrollan los hechos, así como las características del arma e imágenes relacionadas.

La instrucción pide a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que incrementen la formación de sus agentes en el conocimientos de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y del Código Penal en los supuestos relacionados con la tenencia de armas blancas, para llevar a cabo sus acciones con todas las garantías para la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y de sus actuaciones.