La Fundación Diocesana Santos Mártires organiza una mesa redonda sobre orientación


‘Nuevas responsabilidades de las leyes educativas sin reforzar la Orientación” ha sido el título de este encuentro

La Fundación Diocesana Santos Mártires organiza una mesa redonda sobre orientación./Foto: Fundación Santos Mártires
La Fundación Diocesana Santos Mártires organiza una mesa redonda sobre orientación./Foto: Fundación Santos Mártires
La Fundación Diocesana Santos Mártires organiza una mesa redonda sobre orientación./Foto: Fundación Santos Mártires
La Fundación Diocesana Santos Mártires organiza una mesa redonda sobre orientación./Foto: Fundación Santos Mártires

La Fundación Diocesana Santos Mártires ha organiza una mesa redonda sobre la orientación en la nueva ley educativa. La primera parte de la jornada estuvo centrada en dar a conocer la situación de de los equipos de orientación en los centros educativos y los riesgos que esto supone para el alumnado. Destacando que, si los titulares de los centros concertados no cubrieran con fondos propios, lo que por ley es un derecho del niño, sólo podría hacer uso el alumnado de secundaria y tan sólo dos minutos semanales por alumno, dejando sin atención al resto del centro.

La segunda parte consistió en una mesa redonda donde desde distintos ámbitos profesionales y representaciones debatieron esta cuestión. 

Abrió el encuentro la directora de la Fundación Diocesana, María Carbonell. Teresa Callejas, orientadora del Colegio Diocesano Trinidad, expuso la situación actual de la orientación, reflexionó sobre la responsabilidad de las Administraciones para satisfacer este derecho del niño, recogida en la legislación actual. También destacó la relación directa que existe entre una buena orientación y la calidad del sistema educativo, repasando todas las funciones del departamento dentro de un colegio, actualmente, la falta de recursos hace que la atención, la puesta en marcha de proyectos y de acciones preventivas sea complicada. Finalizó su intervención solicitando a los participantes de la mesa apoyo para conseguir, al menos, un orientador por centro educativo y que sea asumida por la administración y no por los propios centros, como recoge la ley.

La mesa redonda fue moderada por María Carbonell, Directora de la Fundación Diocesana Santos Mártires, y contó con representantes de las titularidades: Rafael García Porras, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Andalucía y Rafael Caamaño Aramburu, secretario general de CECE Andalucía; con representantes de los trabajadores: Jesús Isidoro Gualix, responsable federal de Sindicato de Enseñanza Privada UGT; con representantes de padres: Luisa Lucena, presidenta de la CONCAPA; Teresa Callejas como representante de los profesionales de orientación, además de representantes políticos: Ramón Martín del grupo Cs y Paula Badanelli del grupo Vox, el resto partidos invitados excusaron su asistencia.

Todos coincidieron que la Administración «no está cumpliendo con su responsabilidad de garantizar el derecho del niño a una buena orientación». Entre otras razones, porque depende de la necesidad de cada centro y no existe procedimiento para adaptarlo. Igualmente, los participantes coinciden en que la pandemia ha tenido un efecto sobre la salud mental del alumnado, sin embargo, la administración sólo ha nombrado coordinadores de igualdad, y coordinadores de bienestar y protección para cubrir las nuevas necesidades.

Los representantes de CECE y Escuelas Católicas solicitarán que se incluya en la nueva normativa de infantil de segundo ciclo este derecho, que sí aparece en el resto de etapas aunque la Administración no lo cubra. Destacaron el trato desfavorable en horas de contrato y dotación económica de los centros privados sostenidos con fondos públicos frente a los públicos,  siendo el propio centro y sus profesionales los que solventan este abandono de responsabilidad por parte de la administración y que se enfrentan a la dificultad para solicitar el apoyo económico de las familias. UGT manifestó que están trabajando en esta línea y consiguiendo la firma del VII Convenio y el aumento retributivo para los docentes andaluces, también pretenden la mejora de la situación del trabajador de orientación. Destacó que tener conciencia social implica que la orientación no se puede medir en minutos, y menos aún, si se pretende hablar de calidad del sistema educativo. Se debatió y se puso de manifiesto, como estas diferencias entre centros sostenidos con fondos públicos, se incrementaban exponencialmente si se comparaba con las condiciones de otras comunidades autonómicas con la educación transferida como: País Vasco, Cataluña, Murcia o Madrid. 

La presidenta de la CONCAPA reconoció que los padres desconocen las condiciones contractuales de los orientadores (4 horas semanales por línea de secundaria), y la enorme tarea a realizar, por eso no se valora lo suficiente el esfuerzo de estos profesionales, sus compañeros y la dirección de los colegios. Destacó que su organización defiende y apuesta por este cambio, que están trabajando por la rectificación de algunos aspectos de la LOMLOE, y por la defensa de la educación personalizadora e inclusiva de los alumnos, sean cuales sean sus singularidades. 

Tras ser consultados por la respuesta que les da la administración y los grupos políticos ante estas sugerencias, la presidenta de la CONCAPA y los representantes de las titularidades, coincidieron en que muchas veces no encuentran responsabilidad política y que la administración se excusa en la falta de recursos. La representante de VOX dijo que sí existen recursos económicos, pero que no estaba bien gestionados, que hacía falta votar bien. Equiparó la situación de los orientadores con otros profesionales como los del sector sanitario e incluso la propia empresa privada, destacando la falta de apoyo en la ejecución de las leyes. El representante de Ciudadanos se comprometió a apoyar la dotación de un orientador en cada centro y señaló los avances que se habían producido en otros aspectos, aunque reconoció que no en orientación.

Se debatieron interesantes cuestiones sobre el papel del orientador y como la nueva ley educativa acarrea, sin otra posibilidad, la bajada en la calidad del servicio al no tener suficientes horas disponibles para la buena ejecución de la orientación.