El caso Dorado o el punto débil de las contrataciones


La investigación sobre la Delegación de Infraestructuras convulsiona la vida política en el Ayuntamiento

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David Dorado e Isabel Albás. /Foto: JC
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David Dorado e Isabel Albás. /Foto: JC

El denominado caso Dorado es un caso de libro. Las contrataciones de obra pública están en el punto de mira de muchos porque es fruta apetecible para la corrupción, lo que no quiere decir que todas las operaciones que se realicen en este terreno lo sean, sino que en ellas es más propicia su materialización.

Lo que la Fiscalía ha encontrado en los contratos remitidos por IU y Podemos para su investigación, correspondientes al último trimestre de 2020, si se eliminan nombres y datos concretos, no se aleja de otros muchos casos que copan los medios de comunicación, que se resume en dos tipos concretos de delitos: prevaricación y falsedad en documento público. En el caso Dorado, la investigación que tras el paso por el Ministerio Público ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 4 se centra en un paquete de contratos menores.

Los contratos menores, según la ley, son aquellos que van de los 3.000 a los 40.000 euros y su tramitación es mucho más ágil para la Administración contratante. Una práctica reiterada en este caso es el denominado fraccionamiento de contrato, consistente en que si un contrato, por ejemplo, asciende a 76.000 euros, se divide en dos contratos menores de 38.000 euros. Un contrato menor no requiere de fiscalización previa, ni de publicidad para la presentación de otras ofertas, por ejemplo.

Los posibles delitos del caso Dorado

Por esto, la Fiscalía señala en este caso a un funcionario y a la coordinadora general de Infraestructuras “sin perjuicio de la posible participación de terceros”. Además, el Ministerio Público considera que en la documentación aportada por IU y Podemos existen “indicios suficientes para considerar que nos encontramos ante hechos que en una primera aproximación podrían revestir los caracteres de los delitos de prevaricación y falsedad en documento público”. 

La prevaricación la explica la fiscal como una vulneración de la Ley de Contratos del Estado, ya que “una vez reconducida fraudulentamente la adjudicación al contrato menor, con menores requisitos y garantías, también se vulneraron las limitadas exigencias de éste”, ya que fueron a parar a un reducido número de empresas, de las que algunas tenían, incluso, hasta el mismo administrador.

Sobre la falsedad en documento público se recoge que hay documentos firmados por el funcionario en cuestión que “no se ajustan a la realidad en su contenido, recayendo la alteración sobre extremos esenciales del documento”. Y más adelante concreta aún más la cuestión al afirmar que “se confeccionaron documentos con fechas que no se correspondían a la realidad ni al contenido de los mismos”.

En síntesis, estos son los hechos, sin entrar en detalle, según el relato de la Fiscalía. Una vez conocido este documento se desata en el Ayuntamiento una nueva tormenta política. Los grupos de IU y Podemos, los firmantes de la denuncia, son los que inician la petición de dimisiones, señalando al delegado de Infraestructuras, David Dorado, que da nombre al caso.

Desde el gobierno municipal se intenta parar este primer golpe con una explicación de todo lo que se había hecho desde mayo, momento en el que la denuncia se presenta ante la Fiscalía Anticorrrupción. Se argumenta que se habían puesto antes aún los mecanismos para determinar lo ocurrido y que se había encargado una información reservada a la Asesoría Jurídica, que se ha incorporado al caso y que amplía la horquilla temporal de los contratos al periodo comprendido entre 2016 y 2020, para abarcar también el tiempo que IU estuvo al frente de esta delegación.

A la vez que crecía el volumen en la petición de responsabilidades por parte de la oposición, el alcalde, José María Bellido, puso pie en pared el pasado martes. Mostró una relación más fría con Ciudadanos al informar de que les había dado de plazo esta semana para que depuraran las responsabilidades, como así ha sido, y dejó un mensaje de que había que actuar sin miramientos al recordar la frase del contraalmirante Casto Méndez Núñez en la batalla del Callao: “Prefiero honra sin barcos que barcos sin honra”. 

En días sucesivos se incorpora el PSOE con ansias de adquirir su cuota de protagonismo en esta polémica. La única variante que aportan es que dos contratos de los investigados por la Fiscalía hacen referencia a las obras de climatización de colegios, algo que conocen bien, ya que el problema se inició bajo su mandato.

En todos estos días, la portavoz de Ciudadanos, Isabel Albás, aportaba el dato de que la coordinadora general había sido apartada mientras se esclarecía lo ocurrido. La ambigüedad de esta afirmación dejó muchas dudas que no pasaron desapercibidas a Vox, cuya portavoz, Paula Badanelli, afirmó que “anunciar que se le van a retirar las funciones a la coordinadora general y que va a seguir cobrando 70.000 euros de sueldo público sin tener ninguna responsabilidad, siendo un nombramiento por decreto, es robar a los cordobeses”.