Los guardias civiles, “al mismo nivel que los delincuentes”


Lorite denuncia que “los atestados policiales pierden presunción de veracidad”

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Guardias civiles. /Foto: LVC
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Andrés Lorite con representantes de la AUGC./Foto: BJ

El diputado nacional del PP por Córdoba, Andrés Lorite, ha mantenido este viernes una reunión con algunos de los responsables de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) de Córdoba. La misma ha servido para “analizar determinados aspectos de la reforma de una norma que ha sido fundamental, como la Ley de Seguridad Ciudadana y que algunos socios radicales del Gobierno quieren derogar”, ha detallado Lorite. 

El parlamentario popular ha desvelado que las Fuerzas de Seguridad del Estado están “muy preocupadas por la disminución de su principio de autoridad”. Y, en concreto, en el seno de Guardia Civil hay inquietud porque está “desprotegida y vendida ante los delincuentes”.

En ese sentido, Lorite ha afirmado que los socios del PSOE en el Ejecutivo de colación, Podemos, “están preparando su salida del Gobierno para que impunemente puedan hacer revueltas en la calle”. Y por tanto, la reforma de la norma va encaminada a “eliminar el principio de autoridad de las Fuerzas de Seguridad del Estado y las pone en el mismo nivel que al delincuente”. De manera que el diputado popular ha sido muy contundente al asegurar que “no lo vamos a aceptar bajo ningún concepto, porque vulnera derechos constitucionalmente garantizados”. 

El parlamentario ha explicado que, con la reforma de la normativa, “los atestados policiales pierden presunción de veracidad”. Y ha recalcado que, “solamente a partir de la seguridad se puede garantizar ejercicio de la libertad, en plenitud. Sin seguridad no hay libertad, no es posible el ejercicio normal de los derechos que tienen las personas garantizados en nuestra Carta Magna”.

Ante ello, si la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sale adelante, Lorite ya ha avisado que desde el PP “recurriremos ante el Tribunal Constitucional y la derogaremos cuando el PP llegue al Gobierno de España”. Y es que, a su juicio, “con la seguridad de los españoles y de los cordobeses no se puede jugar. Y ha recordado a “los que hablan de ley mordaza” que el Congreso estuvo cerrado por la pandemia, de forma inconstitucional y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, intentó “monitorizar redes sociales”. Además de de insistir en que la Ley de Seguridad del PP “está avalada por el TC y tribunales internacionales”.