El Gobierno de Sánchez no ayuda a la Andalucía que se ha quemado


El Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido pedir la rectificación no solo para Alcaracejos, sino para 7 municipios a los que no se ha tenido en cuenta

El reciente Consejo de Ministros en el que se establecieron las Zonas Afectadas por Emergencias de Protección Civil (Zaepc) en varias comunidades autónomas y no se contempló a Alcaracejos como merecedora de tal categoría – sí a Villaharta, con un incendio de menores proporciones pero para el que se decretó el Nivel de Emergencia 1- ha dejado fuera de las ayudas a más municipios andaluces, con una superficie quemada que cuadruplica la que sí contempla el Estado, según el último informe de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible , documento que ha pasado por el Consejo de Gobierno este martes y que es el paso previo a la solicitud al Estado de la revisión y rectificación de los criterios utilizados “de forma que se garantice la racionalización del gasto, la proporcionalidad respecto a los daños sufridos por el fuego y la transparencia del procedimiento”.

Incendio forestal en el término de Alcaracejos con los olivares de sierra como barrera./Foto: Olipe
Incendio forestal en el término de Alcaracejos con los olivares de sierra como barrera./Foto: Olipe

Además de la exclusión de Alcaracejos como una zona gravemente afectada con 600,5 hectáreas quemadas; el Gobierno central y su Consejo de Ministros ha dejado fuera de las ayudas en Andalucía al de Villarrasa (Huelva), con 858,32 ha; Berja (Almería), con 617,44 ha; Olula de Castro (Almería), con 718,27 ha; Jubrique (Málaga), con 383,49 ha; Cabra (Córdoba), con 266,42 ha; o Beas de Segura (Jaén), con 307,60 ha, los siete de mayor extensión en lo que va de 2021. Hay que recordar que  la mencionada declaración como Zaepc es el paso previo para poder solicitar ayudas para los afectados.

Esto es así porque según el Gobierno socialista en ninguno de ellos se declaró el Nivel 1 de emergencias y para ello se acoge al Plan Estatal General de Emergencias (Plegem). Ocurre que, según la Junta de Andalucía, el procedimiento de declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil viene regulado por el artículo 23 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y no en el Plegem, como se dice en el anuncio del Gobierno. Además, puntualizan desde la Consejería, “nada se recoge en ese artículo sobre la necesidad de declaración previa del Nivel de Gravedad Potencial para acceder a las ayudas”.

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Incendio de Alcaracejos /Foto: LVC

Se aclara, así mismo, que las emergencias por incendios forestales, cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas, tienen su regulación y planificación específica: a nivel nacional, el Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales y la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales; y a nivel autonómico, a través de los distintos Planes Especiales de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales de las Comunidades Autónomas. En el caso de Andalucía es el Plan INFOCA.

Pero claro, nos encontramos con el galimatías autonómico español: las situaciones operativas definidas en otras comunidades y los niveles de Gravedad Potencial del plan andaluz no coinciden ni en sus límites ni en su nomenclatura ni en sus definiciones ni en el concepto que definen. Según la Junta, “ante esta heterogeneidad no es comprensible que el Gobierno exija como requisito para acceder a las ayudas algo que resulta ser tan distinto a lo largo y ancho el territorio nacional, perjudicando en este caso a comunidades como Andalucía, cuyo Plan INFOCA, a diferencia de los de otras CCAA, contempla en su Nivel 0 la afección a personas y bienes no forestales cuando no se haga necesario el despliegue del operativo de protección civil”.

Antes no, ahora sí

El informe refleja lo que se viene señalando desde hace una semana y es que “no parece lógico introducir un criterio nunca antes usado, ligado a la gestión de la propia emergencia, de carácter estrictamente operativo, para la determinación de las zonas que pueden acceder a las ayudas, en lugar de tener en cuenta el daño efectivo producido como consecuencia de la emergencia, criterio mucho más razonable, objetivo, directo y generalizadamente admitido y utilizado hasta ahora en estos casos”.

La Consejería recuerda una vez más que las decisiones que se adoptan “están siempre guiadas por técnicos” y advierte que este criterio, como requisito para el acceso a las ayudas, “pervertiría su coherente utilización, induciendo a un uso abusivo, y probablemente improcedente, con tal de asegurar el posterior acceso a las ayudas y conllevaría también el consecuente colapso de los operativos de protección civil”.

El denominado Nivel 2 de emergencia y la declaración del mismo va ligado a la necesidad  de  medios  de  intervención  ajenos  a  las  comunidades autónomas  de forma extraordinaria. Ello pueden ser desde los aviones anfibio hasta la Unidades de de Medio Ambiente. Debido a su experiencia y robustez, el operativo andaluz tienen menos necesidad de colaboración externa. 

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El personal de logística en el puesto avanzado / Foto: Infoca

“Esto nada tiene que ver con las necesidades financieras posteriores para paliar los daños”, dicen desde la Junta y denuncian que “es motivo por el que, paradójicamente, su utilización también penaliza a las CCAA que, como Andalucía, más apuestan por fortalecer sus operativos”.

Desde el 1 de enero hasta el día 29 de agosto de 2021, han sido declarados de Nivel 1 en Andalucía un total de 9 incendios y podrían acceder a las ayudas. En ese mismo periodo, un total de 22 incendios han afectado a más de 50 hectáreas manteniendo el Nivel 0 y, por tanto, no podrían acceder a las mismas. Resulta llamativo – y paradójico- que la suma de superficie quemada de los primeros se sitúa en torno a las 917 hectáreas frente a las más de 3.750 quemadas en los siete grandes incendios mencionados anteriormente,  en los que no fue necesario declarar el Nivel 1 de emergencias.