El certificado Covid, los derechos conculcados y el principio de proporcionalidad


Hablamos con Manuel Novo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Loyola, sobre los aspectos legales de la medida que propone la Junta

policía local mascarilla
Un agente de la Policía Local informa sobre el uso de la mascarilla. /Foto: LVC

e7zyy53xsaqbot 1

En escasamente 24 horas, la Junta de Andalucía pasó del anuncio del uso del certificado Covid digital de la UE y PCR para acceder a los locales de ocio nocturno desde el 5 de agosto a matizar que antes se buscaría el aval del TSJA. 

Desde que finalizara el estado de alarma las comunidades autónomas se han convertido en las verdaderas protagonistas administrativas de la gestión de la pandemia. Cada una con diferente criterio marcado por el número de población, casos de infección y tasas de incidencia. Galicia, Canarias y Cantabria son los ejemplos más recientes de que la última palabra la tiene la Justicia – o la penúltima antes de recurso- y medidas similares a las que se pretenden implantar en Andalucía sí se han permitido en Galicia o Cantabria pero no en Canarias. El problema: la conculcación de derechos fundamentales.

“La única garantía de derechos es acudir al aval del TSJ y con el recurso del Supremo por parte de la Comunidad Autónoma. Es el único amparo de los ciudadanos. No hay ningún tipo de problema jurídico-constitucional en que se tomen medidas de esta naturaleza, siempre y cuando se tenga el aval del Tribunal Superior de Justicia y luego del Supremo. El Supremo además ‘unifica’ criterios a nivel nacional, algo que es novedoso para todos, tanto ciudadanos como juristas”. Quien manifiesta esto es Manuel Novo, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Loyola Andalucía. A él acudimos para saber algo más sobre el lío legal que supone restringir accesos o movilidad a los ciudadanos en un estado de derecho a pesar de la pandemia. 

unnamed
Manuel Novo / Foto: Loyola Universidad

“Todas las decisiones de los tribunales superiores de Justicia que han tratado medidas restrictivas de derechos fundamentales en todos estos últimos meses siempre han hecho alusión al equilibrio de bienes en cuestión, es decir, restringir derechos versus salud pública. Esa es la clave. La clave de todo siempre es el principio de proporcionalidad, que es el criterio al que se ha acogido tanto el Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma y todos los TSJ”, señala Manuel Novo, para quien existe un principio claro de decisión jurídica en los tribunales:“¿Es una medida proporcional a la luz de las circunstancias actuales? Ese va a ser el parámetro de todos los TJ. El TSJA dirimirá si esa medida es la menos restrictiva en derechos en relación con el bien que se protege, que es la salud”.

Para este profesor de Derecho Constitucional “puede que haya una conculcación de derechos según el artículo 14 de la CE, pero a tenor de las circunstancias, la propia Constitución ampara ese tipo de medidas“. Manuel Novo cree que “se está actuando un poco a golpe de efecto disuasorio en focos de contagio. Lo que se está restringiendo es la libertad de decidir a dónde y cómo ir” y añade que “el argumento del Ejecutivo parece ser el de ‘no vamos a establecer toques de queda porque son más peligrosos en cuanto al haber judicial, porque no se van obtener, pero por otro lado vamos a tomar decisiones efectistas y disuasorias”.

Pero ¿ donde quedan los derechos fundamentales? “El gran problema es la intimidad. La libre circulación va más allá de acceder a un local determinado. Veo más un ataque a la libertad de empresa que a la deambulatoria”, opina Novo. 

Ampliar las medidas restrictivas a otros ámbitos y espacios

“Pues va a ser inevitable, como entremos en un mes de septiembre con estas circunstancias y número de contagios”, nos dice el profesor, sin atisbo de duda. La posibilidad de ampliar las medidas restrictivas existe y estas medidas deberán estar sujetas al concepto de ‘proporcionalidad’ que apunta el profesor, que no cree que, en cualquier caso y ante un recrudecimiento del número de contagios, se vaya a declarar otro estado de alarma. “Como todo vaya a más, dudo que el presidente del Gobierno declare un nuevo estado de alarma, sino que va a seguir  amparado en esta estrategia judicial, que es que las comunidades autónomas propongan medidas, en muchos casos originales, y la clave estará en la ponderación de derechos”. Manuel Novo concluye recordando que “el garante de derechos tiene que ser el juez. Siempre ha sido el juez, pero ahora, a mayor abundamiento”.