El Movimiento Ciudadano volverá al Consejo Rector del Imtur con voz pero sin voto


Ciudadanos ganó una sentencia al anterior gobierno municipal al excluir de estos órganos a concejales en favor de otros colectivos

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Isabel Albás y David Dorado. /Foto: JC
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Isabel Albás y David Dorado. /Foto: JC

El Instituto Municipal de Turismo (Imtur) pretende realizar este año una reforma de sus estatutos con la finalidad de que el Consejo del Movimiento Ciudadano pueda estar representado en su Consejo Rector con voz pero sin voto. La presidenta de este organismo, Isabel Albás, “considera procedente la participación de un miembro aunque lo sea en calidad de invitado, habida cuenta de cómo afectan los acuerdos que pudieran adoptarse al conjunto de la ciudad”, por lo que podrá formar parte de las deliberaciones aunque no de las votaciones.

El origen de esta situación se remonta a 2017, cuando en los primeros estatutos del Imtur se contemplaba el hecho de que el Movimiento Ciudadano tuviera voz y voto en este organismo municipal y se excluyera a los representantes de algunos grupos políticos, que habían sido elegidos como concejales por los cordobeses en las urnas.

En aquel momento, el entonces portavoz de Ciudadanos, David Dorado, llevó el caso a los tribunales y una sentencia tumbó los estatutos redactados bajo la presidencia de Pedro García. En el fallo judicial se reconocía que la presencia de un miembro del Movimiento Ciudadano “vendría a romper el necesario equilibrio representativo del órgano a la hora de aprobar sus decisiones mediante las correspondientes votaciones”, a la vez que no ostenta “la condición de representante de los ciudadanos de Córdoba, elegido democráticamente”.

Esta situación del Imtur no era la única de discriminación hacia los grupos minoritarios que existía con el anterior gobierno municipal. En los consejos rectores del Imdeec, Imae o Imgema había colectivos sentados en sus consejos rectores, como era el caso del Movimiento Ciudadano o de algunos sindicatos, en lugar de concejales elegidos democráticamente por los cordobeses.

Dorado quiso que la aplicación de la sentencia fuese extensiva a todos estos organismos municipales, a lo que el gobierno municipal se negó, manteniendo la discriminación hasta el final del mandato. Tras las municipales de 2019, el cogobierno PP-Cs remedió la situación con una fórmula no exenta de polémica al creerse los sindicatos CCOO y UGT con derecho prioritario sobre los concejales para formar parte de estos órganos de decisión municipales.