La Junta afirma que la Ley de Patrimonio viene a “robar competencias”


Antonio Repullo afirma que "no hay excusa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar el modelo de gestión en Andalucía"

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Cristina Casanueva y Antonio Repullo. /Foto: JC
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Cristina Casanueva y Antonio Repullo. /Foto: JC

El delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, ha dado un paso en la valoración del anteproyecto de Ley del Patrimonio que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha señalado que esta normativa que está en fase de tramitación viene a “robar competencias a las comunidades autónomas”, algo que en el caso de Córdoba, con cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad, “es un insulto”.

La Junta ha presentado una 20 de alegaciones que se suman a las ya conocidas del Ayuntamiento de Córdoba y a las presentadas también por la Diócesis. De forma muy parecida, todas ellas vienen a decir que el Gobierno central quiere controlar desde Madrid unos bienes culturales de de forma histórica se han gestionado desde Córdoba con una tutela autonómica. “No hay excusa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez para cambiar el modelo de gestión en Andalucía”, ha afirmado Repullo.

La creación de unos patronatos con mayoría del Ministerio de Cultura que vendrían a tener la última palabra es algo que “ha tocado el corazón de los andaluces”, como ha explicado Repullo, quien ha añadido que “el patrimonio de Andalucía es de los andaluces y lo ponemos a disposición de España y de toda la humanidad”.

“Decepción total” para la Junta

Por su parte, la delegada de Cultura, Cristina Casanueva, ha mostrado su decepción al ver que el Gobierno central se ha limitado a modificar la ley de 1985 y no a hacer una nueva, por lo que “ha sido una decepción total y se ha perdido una oportunidad”.

En su opinión, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, “como todo lo que toca, es para crear problemas y desviar la atención creando conflictos en vez de buscar puntos de encuentro”. Uno de estos casos es es “la fijación con las instituciones eclesiásticas”, como ha afirmado Casanueva, a las que se le limita el derecho a la propiedad “más en su línea política que en las necesidades de la población”.

Desde la Junta se “rechaza de plano” la modificación presentada y se exige su retirada al estar redactada con “desconocimiento total de las necesidades de los cordobeses”. 

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