El Ayuntamiento entiende que la Ley de Patrimonio “pondrá en peligro” las declaraciones de la Unesco


Dice que "conllevaría el óbito del Casco Histórico, agravando los problemas de rehabilitación, aumentando la 'desertificación' y sostenimiento de éste"

UCO imtur ayuntamiento
Turistas. /Foto: LVC
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Turistas. /Foto: LVC

El anteproyecto de Ley de Patrimonio que tramita el Gobierno de Pedro Sánchez podría ser perjudicial para las cuatro declaraciones de Patrimonio de la Humanidad que la Unesco ha concedido a Córdoba, como señala el Ayuntamiento en las alegaciones presentadas a esta normativa. 

En este documento remitido al Ejecutivo se afirma, entre otras cuestiones, que la creación de los polémicos patronatos de gestión, en los que el Ministerio de Cultura tendría mayoría absoluta, “no sólo no supone una mayor protección para el Valor Universal Excepcional de los Bienes Patrimonio de la Humanidad, sino que en algunos casos podría incluso ponerlo en peligro, ya que modificaría uno de los atributos básicos del bien que señala la Unesco, como es el Sistema de Gestión”.

Este nuevo sistema de gestión despoja a las autonomías y a los ayuntamientos de sus competencias, en lo que ha sido calificado ya como “injerencia” del Gobierno central, y que en el caso de Córdoba hará que todo un distrito, como es el Casco Histórico, pase a ser gestionado desde Madrid, a donde habrá que pedir permiso para todas las actuaciones que se lleven al cabo en cualquiera de las viviendas. 

La creación de los patronatos es el ‘quid’ de la cuestión para el Ayuntamiento al despojarlo de competencias en todo lo que se refiera al Casco Histórico, como señalaron de forma conjunta tanto el alcalde como la consejera de Cultura. Sobre este punto se afirma en el documento de alegaciones que “la creación de Patronatos como modelo de gestión en nuestro Patrimonio Histórico no solamente pondría el riesgo el modelo de éxito aplicado en la Mezquita Catedral o el Casco Histórico sino que tendría consecuencias desastrosas en el cuidado de los mismos, al aumentar considerablemente los pasos burocráticos de cuidado y preservación de nuestro patrimonio”.

El Ayuntamiento, sin poder sobre el Casco Histórico

Una de estas complicaciones burocráticas que incorporará la nueva ley, en caso de ser aprobada tal y como está, es la eliminación de la comunicación previa y la declaración responsable ante la Gerencia de Urbanismo que se usa para actuaciones pequeñas, como el arreglo de un cuarto de baño o la sustitución de una ventana, entre otras. 

Sobre este aspecto, el documento elaborado por el Ayuntamiento no se anda con paños calientes a la hora de afirmar que esto “conllevaría el óbito de nuestro Casco Histórico, agravando los problemas de rehabilitación de los vecinos, aumentando la ‘desertificación’ y sostenimiento de éste”.

En el caso de la Fiesta de los Patios, en estas alegaciones del Ayuntamiento se apunta que la creación de los denominados planes de salvaguarda supondrán un ninguneo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez a los propietarios y cuidadores, ya que “no solamente condicionan las competencias locales de los mismos, sino que alejan las soluciones propuestas por los actores más cercanos a la guarda de dicho patrimonio inmaterial; en nuestro caso, los cuidadores de los patios”.

Por último, en las alegaciones del Ayuntamiento al anteproyecto de Ley de Patrimonio se aborda una de las cuestiones más graves del mismo, como es la que se ha calificado como “expropiación” de los bienes de la Iglesia Católica. Se señala como discriminatorio que el Gobierno de Pedro Sánchez permita en esta ley la transmisión de bienes inmuebles de interés cultural a cualquier persona o institución, salvo a la Iglesia Católica. “Tales diferencias de trato se entiende que pueden tener en sus términos carácter discriminatorio y no están debidamente justificadas, cuando no marcadas por un sesgo ideológico determinado”, se añade.