El informe de sostenibilidad da vía libre al convenio de la base logística


El documento pide prudencia para la aportación de 2,9 millones en 2023 para que el Ayuntamiento no incumpla el techo de gasto

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Blanca Torrent, Rafaela Valenzuela, José María Bellido e Isabel Albás. /Foto: LVC

Finalmente, el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprobará mañana jueves el convenio para la gestión de los suelos de La Rinconada como base logística del Ejército de Tierra tras incorporarse el informe de sostenibilidad, motivo por el que fue retirado del orden del día la pasada semana. 

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Blanca Torrent, Rafaela Valenzuela, José María Bellido e Isabel Albás. /Foto: LVC

Este informe preceptivo fue firmado en el día de ayer y en el mismo no se hace una fiscalización previa de la operación urbanística, sino que su finalidad es hacer una valoración de su racionalidad económica y financiera así como su adecuación a los principios de buena gestión. 

En sus 18 folios, el informe da luz verde a la operación al entender como correcta la operación consisten en el desembolso de un total de seis millones de euros, entre las anualidades de 2022 y 2023, como aportación municipal a la Junta de Compensación para la urbanización de los terrenos de la futura base logística en base a una estimación previa de los costes.

En 2022 se aportarían tres millones de euros, que son los contemplados en el presupuesto de 2021 como previsión de que hubiese que hacer alguna expropiación si el Ministerio de Defensa se hubiese decantado por El Higuerón para el establecimiento de la base logística. Como no ha sido así, este dinero queda libre y una vez se firmen los créditos para las inversiones de este año se podrá transferir a la Gerencia de Urbanismo, donde a final de año se considerará como un remanente se incorporará al presupuesto de este organismo autónomo para 2022.

El informe pide precaución para 2023

Los 2,9 millones de euros restantes que deberán figurar en el presupuesto de la GMU de 2023 deberán incorporarse cumpliendo las denominadas reglas fiscales, que han quedado en suspenso en 2020 y 2021 para que las administraciones locales puedan aliviar sus gastos a causa de la pandemia.

Sobre este último punto, el informe de Intervención recomienda que para 2023 “se debe actuar con prudencia presupuestaria y extremando el control del gasto durante los ejercicios de suspensión de reglas fiscales, en aras a evitar que el primer ejercicio en el que se reanude la exigencia de cumplimiento de las reglas fiscales, entre ellas la relativa a la regla de gasto, ahora en situación de incumplimiento “suspendido”, sitúe al Ayuntamiento de Córdoba en unos márgenes de gasto muy por encima del techo fijado”.